La Junta prepara una «ambiciosa» reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que espera empezar a tramitar a mitad del año que viene, momento en el que prevé tener ya un documento para someterlo a la aprobación del Consejo de Gobierno. Esos son los planes transmitidos ayer por el director general de Ordenación del Territorio, Alejandro Márquez, que asegura que esa reforma intentará resolver los problemas de las parcelaciones, aunque, eso sí, advirtió de la imposibilidad de legalizar las que están en zonas inundables.

Márquez participó en la apertura de las jornadas tituladas Bases para un nuevo urbanismo en Andalucía. Proceso participativo para la elaboración de la nueva Ley Urbanística de Andalucía. A estas jornadas asistieron representantes de colegios profesionales, ayuntamientos, empresarios, sindicatos, colectivos ecologistas, partidos políticos, asociaciones de consumidores y otros agentes relacionados con el urbanismo para que hagan aportaciones a la reforma que echa a andar. Jornadas como esta se están celebrando en toda Andalucía.

La reforma de la LOUA tendrá muy presente el problema de las parcelaciones. De hecho ya hay colectivos como la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (Calu) que ha solicitado una ley realista que desbloquee los problemas de las parcelaciones. A las dos herramientas normativas existentes, el decreto del 2012 y la reciente reforma de varios artículos de la LOUA, con las que, según Alejandro Márquez, la Junta «ha dado respuesta a un importante número de municipios y de familias», se sumarán las nuevas posibilidades que brinde la ley que se prepara. Márquez asegura que la Junta intenta dar respuesta a un tema «complejo» y estará dispuesta a hablar y «tratar todos los problemas», aunque deja claro que «no podemos pedir a ninguna administración que regularice situaciones conflictivas como las de riesgo de inundabilidad». En este sentido, insiste en que en estos casos «no se puede otorgar naturaleza de regularización» y «hay que estudiarlo todo con detenimiento», ya que la «casuística es muy amplia».

Las premisas sobre las que parte la reforma de la LOUA que prepara la Junta son, según expuso Márquez, «la participación», es decir, «escuchar a los principales actores que intervienen en la actividad urbanística» para decidir «las líneas maestras que debe inspirar esta reforma», que avanzará en «el principio de sostenibilidad» y de «autonomía local». Otra idea es «dar un tratamiento diferenciado a las distintas realidades de los municipios» y «agilizar los trámites del procedimiento urbanístico», ya que «hay elementos susceptibles de mejora».

Durante la inauguración de las jornadas, la delegada del Gobierno, Rafaela Crespín, explicó que la LOUA «es una ley que se desarrolló y aprobó antes de la crisis» y que «no está adaptada a los cambios económicos» que se han producido, por lo que «no tiene sentido que tengamos una ley que no responde a las nuevas demandas y necesidades». Crespín asegura que se escucharán las aportaciones que se hagan «y luego el Parlamento llevará a cabo la iniciativa de modificar la LOUA para que responda a las necesidades del presente y diseñe las mejores vías de futuro».