El empresario, fundador de Unión Cordobesa (UCOR) y exconcejal del Ayuntamiento, Rafael Gómez, se sentará en el banquillo de los acusados desde el próximo día 16 en el Juzgado de lo Penal número 3, en un juicio en el que se enfrenta a penas que suman 44 años de prisión, por la supuesta comisión de 11 delitos contra la Hacienda Pública, tras el presunto impago de unos 60 millones de euros en impuestos durante unos cuatro años, supuestamente por el empresario y sus cuatro hijos. Así lo han confirmado fuentes judiciales, que han apuntado que se prevé que las sesiones se prolonguen unas dos semanas en distintas salas de la Audiencia, teniendo en cuenta las fechas de otros juicios, todo ello tras más de siete años de instrucción en esta causa.
En concreto, en el auto de apertura de juicio se recogen los once delitos contra la Hacienda Pública que se atribuyen a Rafael Gómez por parte del Ministerio Público y la Abogacía del Estado, de tal forma que el fiscal solicita 44 años de prisión para el empresario por defraudar 58,3 millones de euros con el impago de impuestos a través de cuatro empresas. Igualmente, la Fiscalía acusa a sus cuatro hijos por ocho delitos fiscales, pidiendo para cada uno penas que suman 22 años de cárcel. Además, el Ministerio Público pide en su calificación una multa para Gómez que podría llegar a 350 millones de euros.
En este sentido, los delitos supuestamente se cometieron entre los años 2003 y 2006 a través de las cuatro empresas Arenal 2000, Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000, y se refieren al impago de impuestos de sociedades, de patrimonio y el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF).
El Juzgado de Instrucción número 3 dictó un auto en julio de 2009 en el que se detallaba que las actuaciones se iniciaron por diferentes denuncias de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y un decreto de la Fiscalía Provincial de junio de 2009, por el supuesto impago de la citada cantidad. En un principio figuraban como imputados por presunta defraudación a la Hacienda Pública el empresario, su esposa y los cuatro hijos del matrimonio, si bien el fiscal no ha imputado a la mujer en su calificación al entender que su participación ha sido «lucrativa solo en algunos casos», según fuentes judiciales.
Como resultado de los impagos, el auto judicial ordenó el embargo preventivo de distintas propiedades de la familia, entre ellas cinco fincas rústicas en Santa María de Trassierra y otras cuatro en los municipios de Freila y Gorafe, en Granada, además de la sede de Arenal 2000, junto a las naves que construyó sin licencia en 2005 y que le han supuesto una multa de 20 millones.
El empresario, al que se le retiró el pasaporte, ya fue condenado en el caso Malaya por un delito de cohecho activo y se le impuso la pena de seis meses de prisión.
