"Estamos encantados, siempre pensamos que teníamos que defender los intereses de este espacio público, que no se podía conceder de la forma que se hizo». Con estas palabras resumió ayer el alcalde accidental en el Ayuntamiento de Córdoba, Emilio Aumente, la valoración que el gobierno local ha realizado de la sentencia que respalda la anulación de la cesión de terrenos a la Fundación del Córdoba Club de Fútbol para impulsar una ciudad deportiva en el Parque del Canal. Esta entidad planteó un recurso contra la decisión municipal y, entre otros aspectos, la resolución judicial indica que «en este caso, la cuestión no es si al fondo puede hallarse la política (como también debió ser así, en el sentido contrario, en cuanto a la concesión antes de venirse a anular), sino si se ha perseguido un fin ilegítimo. A ese respecto, no solo no hay atisbo o indicio alguno que permita apreciarlo, sino que existen signos de posible ilegalidad que justifican (incluso haciéndolo debido) el proceder observado».

En estos términos rechaza el titular del juzgado de la Contencioso-Administrativo número 1 de Córdoba uno de los motivos planteados por la fundación, que denunció la desviación de poder que, en su opinión, «preside internamente los actos recurridos, dictados por decisión política espuria».

El convenio de cesión del suelo fue suscrito en abril del año 2015, cuando el Córdoba Club de Fútbol anunció en su página web que la parcela tenía 51.155 metros cuadrados y era concedida durante 75 años. En esta línea, Emilio Aumente hizo hincapié en que «estamos hablando de una cesión (directa y gratuita) de bastante suelo público y una valoración de 7,5 millones de euros», y avanzó que, tras el fallo judicial, «no vamos a ir contra nadie», en referencia al mandato del PP al frente del anterior gobierno local. De este modo, puntualizó que «los que estaban antes consideraron que estaba bien dado y nosotros, que estaba mal dado, y hay un juez que falla, punto».

A pesar de esto, recordó que «hubo una serie de embestidas por parte del PP, que se extralimitó», detallando que «nos acusó de un bochornoso apaño con el presidente del Consultivo» y «después acusó a la alcaldesa --Isabel Ambrosio-- de que se habían pedido informes con engaños». El alcalde accidental reconoció la labor realizada por la asesoría jurídica municipal solicitando al PP que «tenga mayor respeto», ya que «acusó a la jefa de la asesoría de tener intereses partidistas, creo que deberían pedir disculpas, porque tenemos la razón de nuestra parte». Además de esto, destacó que este grupo municipal había anunciado que plantearía recursos, «pero no han recurrido nada».

En su opinión, «se hizo una concesión que no estaba amparada por el derecho y por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que es lo que en este caso sentencia el juez». Así, la resolución recoge, junto a otras ideas, que «la concesión acordada, que es para uso privativo, pugna frontalmente con la normativa urbanística» y especifica que en la actuación para construir una ciudad deportiva «no hay ningún proyecto de obras de iniciativa municipal, sino privada», pese a tratarde se unos terrenos de dominio público.

Otro argumento expuesto por la fundación fue que el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que dictó el decreto anulando la adjudicación, «debió abstenerse por existir enemistad manifiesta entre él y el presidente del CCF», aunque el juez también desestima este motivo. La sentencia puede ser recurrida ante el TSJA.