El juzgado de Instrucción número siete de Córdoba está investigando un fraude a la Seguridad Social por valor de 1.624.140 euros en el que están implicadas 365 personas por cobro indebido de prestaciones de desempleo y otras 25 por diversas incapacidades transitorias, como bajas por enfermedad o maternidad que se tramitaban a través de mutualidades.

Estas cifras son provisionales, pues aún queda por determinar si hay otros implicados, "ya sea por devoluciones indebidas de la renta, bien mediante el cobro indebido de prestaciones de maternidad o por incrementos injustificados de bases de cotización", según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado.

Este diario ha podido saber que las actuaciones arrancaron en el año 2009 cuando la Seguridad Social detectó irregularidades en el pago de cuotas que debían abonar dos empresas. Se trata de dos cooperativas radicadas en la capital cordobesa que tienen como finalidad el comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercadillos ambulantes. Estas entidades de trabajo asociado operan principalmente en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén.

El fraude consiste en la formalización de contratos de trabajo falsos a través de estas cooperativas. Posteriormente, los supuestos trabajadores reclamaban las correspondientes prestaciones tanto a las administraciones públicas como a las mutualidades laborales, según el TSJA.

RELACION MERCANTIL La Seguridad Social levantó actas de infracción en las que determinó que el empleador (cooperativa) no solo establecía una cotización "por una jornada ínfima" (a veces de solo una hora), "sino que posteriormente ni tan siquiera ingresaba las cuotas en la Tesorería General", con la que mantiene "una deuda importante", según un documento al que he tenido acceso este periódico. La Seguridad Social resuelve que "la relación entre cooperativa y trabajador es mercantil", lo que supone una limitación en las percepciones.

Por el juzgado de Instrucción ya han pasado los consejos rectores de las cooperativas, excepto uno de sus miembros que está ilocalizado. También han declarado el asesor fiscal y el laboral de estas entidades. Asimismo, trece de los perceptores de prestaciones por bajas laborales que cobraban a través de mutuas han prestado también su testimonio.

Una de estas mutuas detectó más de 20.500 euros en prestaciones indebidas procedentes de una de las cooperativas, según recogía en abril el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Las diligencias previas comenzaron en enero del año pasado tras un escrito de la fiscalía a instancias de la Seguridad Social, mientras que los interrogatorios se iniciaron hace mes y medio. En esta causa se han personado, de momento, la Abogacía del Estado, la Seguridad Social y el Servicio Público Estatal de Empleo.

Este diario intentó contactar, sin éxito, con responsables de las cooperativas para que ofrecieran su versión de los hechos.