El juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba ha solicitado informes al Ministerio Público y a la abogada del Estado (como partes del procedimiento) en los últimos días para tomar una decisión sobre la solicitud de suspensión de la entrada en prisión del empresario Rafael Gómez, que habría reclamado detener el ingreso mientras se resuelve la petición de indulto planteada ante el Ministerio de Justicia.

El pasado 6 de noviembre finalizó el plazo para que Gómez entrara en prisión de forma voluntaria, aunque esta última medida ha retrasado -al menos, de momento- el cumplimiento de la pena a la que este constructor fue condenado como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública, un total de cinco años y tres meses de prisión, así como a una multa cercana a los 112 millones de euros y a una indemnización de casi 29 millones de euros para este organismo (la cantidad que la Justicia entiende que dejó de pagar).

Fuentes judiciales consultadas ayer explicaron que, una vez que se reciban los citados informes, el juzgado se pronunciará sobre esta suspensión, lo que podría retrasarse algo más de una semana. Las mismas fuentes explicaron que el Gobierno podría tardar en torno a cinco o seis meses en responder a la solicitud de indulto y también podría optar por no contestar, una decisión con la que en el plazo de un año se entendería que ha sido denegada.

Por tanto, en caso de que se decida suspender el ingreso en un centro penitenciario, el exconcejal de Unión Cordobesa en el Ayuntamiento de Córdoba contaría al menos con medio año más de libertad. Esta iniciativa ya había sido barajada por su defensa como una opción para evitar la entrada en prisión y se suma a la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que tuvo lugar el pasado mes de octubre. Hasta el momento, no ha trascendido si este tribunal ha admitido a trámite el recurso. En este proceso, el objetivo es que se anule la sentencia que le ha condenado, lo que podría resolverse en alrededor de un año.

El pasado 20 de febrero se conoció la sentencia que condena a Rafael Gómez por dos delitos contra Hacienda y, desde entonces, el empresario ha dado distintos pasos para eludir las penas. El primero fue el recurso de apelación ante la Audiencia, que a mediados de julio confirmó la condena considerando que la pena que le fue impuesta es «benigna» si se tiene en cuenta la «escandalosa defraudación».