La juez del Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba ha terminado materialmente la fase de instrucción del procedimiento abierto a 480 personas investigadas por presunto fraude a la Seguridad Social, calculado en más de ocho millones de euros, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En este sentido, a petición de la Fiscalía, la juez ha resuelto que se cite a cerca de 30 investigados, algunos de los cuales, tras reconocer los hechos, están llegando a una conformidad.
Tras estas comparecencias, con la transformación en procedimiento urgente, en este momento hay ya cuatro condenas a vendedores ambulantes cuya pena a cada uno consiste en una multa proporcional al importe defraudado, la incapacidad de recibir subvenciones y beneficios fiscales y la devolución de las indemnizaciones recibidas en su momento.
Una vez concluidas estas actuaciones, la juez acordará en auto de procedimiento abreviado los indicios de delito que se han probado en los hechos investigados y sus autores, para que las acusaciones se pronuncien en vista al juicio oral.
Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Córdoba confirmó a principios de 2014 el auto de imputación sobre las personas que fueron imputadas en el inicio de la causa, con el fin de evitar que prescribieran los delitos ante el tiempo en el que se iba a prolongar la instrucción del procedimiento, en la que parte de los investigados son gerentes y asesores fiscales.
En este sentido, entre las personas investigadas, parte proceden de otras provincias de fuera de Córdoba, concretamente de Mallorca, Ciudad Real, Jaén, Málaga, Sevilla, Toledo y Barcelona, entre otras.
PRESUNTOS CONTRATOS DE TRABAJO FALSOS
Las diligencias previas se iniciaron en enero del año 2012 a raíz de una denuncia de la Fiscalía a instancias de la Administración de la Seguridad Social, pero la supuesta actividad fraudulenta de las empresas investigadas se inició en el mes de marzo del año 2009, según informó a finales de noviembre de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En concreto, el presunto fraude consiste en la formalización de contratos de trabajo falsos a través de dos empresas. Posteriormente, los supuestos trabajadores reclamaban las correspondientes prestaciones tanto a las administraciones públicas como a las mutualidades laborales.
Así, supuestamente realizaban devoluciones indebidas de la renta, bien mediante el cobro indebido de prestaciones de maternidad o por incrementos injustificados de bases de cotización.
