La respuesta judicial a la violencia de género es cada día más contundente. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ocho de cada diez acusados por violencia de género que se sentaron en el banquillo en el 2016 en Córdoba fueron condenados. Además, respecto a hace una década, el porcentaje de sentencias condenatorias ha aumentado en casi diez puntos.

El último informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género señala que el año pasado se enjuició en Córdoba a 307 personas por casos de este tipo y el 76,5% fueron condenadas. Hace diez años, en el 2007, el porcentaje fue del 67,5%, según el CGPJ. En concreto, en el 2016 se condenó por violencia de género a 235 hombres, de los cuales 222 eran españoles y 13, extranjeros, y se absolvió a 72. Hace una década, las cifras fueron de 329 enjuiciados, 222 condenados -189 españoles y 33 extranjeros- y 107 absueltos.

Pero, ¿a qué se debe ese incremento en el porcentaje de sentencias condenatorias? Para Miguel Ángel Pareja, juez decano y titular del juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba, el aumento puede deberse a «múltiples factores», y uno de ellos «quizás sea una mayor sensibilización social sobre la problemática de la violencia de género». «No quiere decir -puntualiza Pareja- que las fuerzas y cuerpos de seguridad y los jueces no vinieran actuando con sensibilidad hacia estos casos, sino que debido a esa mayor concienciación ha sido posible un mayor aseguramiento de las fuentes de prueba». Así ocurre con la testifical, porque «cada vez los ciudadanos están más dispuestos a denunciar y a declarar», y con la documental, «ya que los protocolos exigen que la persona lesionada sea conducida a un centro sanitario para ser atendida y que remitan un parte».

Otra de las razones a las que apunta el magistrado es a que «las mujeres maltratadas y sus familiares cada vez son más conscientes de la situación, ya que algo que venían considerando como natural por fin están tomando conciencia de que se trata de una lacra social a la que hay que poner fin».

En cualquier caso, lo que denotan estos datos es que «en España no hay impunidad alguna» en una materia «tan sensible como la violencia de género» y que «el Estado de Derecho funciona», según el «mensaje claro» que quiere trasladar el juez decano.

En estos diez años también ha aumentado el número de denuncias por violencia de género en Córdoba, al pasar de las 1.269 registradas en el 2007 a las 1.511 del año pasado, lo que supone un 19% más. Al mismo tiempo, ha descendido el número de renuncias. Mientras que hace una década el 11,6% de las víctimas terminaba por acogerse a la dispensa de la obligación legal de declarar, en el 2016 tan solo fue el 8%.

Pareja señala, refiriéndose a los datos nacionales, que «sorprende» que el año pasado el 69% de las denuncias fueran presentadas por las propias víctimas, el 17% por intervención directa de la Policía, algo más de un 10% por parte de lesiones y tan solo un 1,4% por familiares. Precisamente por esto pide a todas las instituciones y poderes públicos que «continúen intentando sensibilizar a la sociedad para que esta mayor concienciación siga creciendo, en los familiares en particular». Además, el magistrado destaca que aún hoy «no todas las víctimas denuncian, sino que hay más casos ocultos de los que pudiéramos desear y, por tanto, hay que seguir trabajando para que todas esas víctimas afloren y denuncien, así como para animar a sus familiares y a los ciudadanos en general a que hagan lo mismo».