La diseñadora cordobesa Juana Martín se sentará en el banquillo el próximo 15 de junio acusada por el ministerio fiscal de un supuesto delito de alzamiento de bienes. Según informaron ayer fuentes judiciales, la vista se celebrará en el juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba, una vez que se terminó de instruir el caso investigado por el juzgado de Instrucción número 8.

Según el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público al que ha tenido acceso este periódico, la entidad Invercaria, perteneciente a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, contactó a finales del 2008 con la mercantil acusada Juana Martín Andalucía S.L., cuya administradora es la acusada Juana Martín junto a otros dos acusados miembros del consejo de administración, «para financiar a la misma y entrar a formar parte de su capital». En septiembre del 2011, Invercaria transmitió a la entidad Inverseed, igualmente de naturaleza pública, los derechos de crédito y la participación que ostentaba de la mercantil Juana Martín Andalucía S.L., así como la participación de capital que tenía sobre esta, sucediendo a Invercaria en todos los derechos y acciones derivados de la financiación a la empresa acusada. Por tanto, según el fiscal, Juana Martín Andalucía S.L. adeudaba a Inverseed casi un millón de euros -702.943 de principal más 210.883 de intereses- «como consecuencia del impago de los préstamos participativos concedidos por Invercaria».

Así las cosas, continúa el escrito, dado que llegado el vencimiento de los mismos la entidad acusada «no cumplió con sus obligaciones de pago», Inverseed interpuso demanda de ejecución y el juzgado de Primera Instancia número 25 de Sevilla acordó la misma en abril del 2013, al mismo tiempo que designó, en caso de impago, la traba de embargo de un bien inmueble de su propiedad. Sin embargo, siempre según el fiscal, la ejecutada formuló oposición, que se desestimó en junio, acordándose en septiembre la traba de los embargos solicitados de dicha finca urbana. En ese momento se supo que en junio se había anotado un embargo a favor de la entidad también acusada Juana Martín Diseño S.L., de la que los acusados son también sus representantes legales, en virtud de un procedimiento seguido en Primera Instancia 2, «resultando evidente que el citado embargo fue trabado durante el tiempo que Inverseed estuvo suspendida como consecuencia de la oposición» formulada por Juana Martín Andalucía S.L., «resultando ella una burda maniobra al ser la misma ejecutante y ejecutada, con la única finalidad de dificultar la ejecución legítimamente iniciada por la entidad perjudicada», señala el fiscal.

El ministerio público considera que los hechos constituyen un delito de alzamiento de bienes y dirige la acusación contra Juana Martín, los otros dos miembros del consejo y las dos empresas. Para cada una de las personas físicas pide tres años de prisión y 5.400 euros de multa, así como 7.200 euros para cada una de las jurídicas. Según informó Europa Press el pasado enero, Inverseed solicita para cada acusado cuatro años de prisión por un delito de insolvencia punible, en su modalidad de alzamiento de bienes, y seis años de prisión por un delito de estafa en su modalidad agravada de estafa procesal.