Los grupos de la oposición municipal Izquierda Unida y PSOE exigieron ayer la retirada de los autobuses "achatarrados" de Aucorsa, tras el segundo incendio de un vehículo en los últimos meses. La portavoz socialista, Inmaculada Durán, exigió además la dimisión de la presidenta de la empresa municipal de autobuses, Ana Tamayo, a la que acusó de mentir y calificó de "frívola". "Por su mala gestión, por la mala imagen que está dando de Aucorsa y lo que supone para la seguridad, el PSOE pide su dimisión o que Nieto la cese", dijo Durán.

Por su parte, Francisco Tejada (IU) negó que los incendios sean "casos aislados", tal y como sostiene la versión oficial, y acusó al gobierno del PP de haber obrado con "temeridad" al adquirir autobuses de segunda mano en Madrid por un valor de 5.500 euros cuando su precio asciende a 200.000 euros. "Se compró a precio de chatarra, después de 12 años de trabajo en Madrid", criticó. Asimismo, Tejada acusó de mentir a Tamayo, que dijo que el bus incendiado el martes estaba vacío y se preguntó qué ocurriría si se quemara un autobús lleno y con personas con movilidad reducida o silla de ruedas. Por todo lo anterior, IU pide un plan de revisión permanente de estos vehículos y otro que vaya sustituyéndolos, "porque no pueden seguir circulando", dijo.

Por su parte, Inmaculada Durán (PSOE) recordó que, junto a IU y en el pleno de octubre, se presentó ya una moción para la retirada de la flota de segunda mano, después del incidente ocurrido el 2 de octubre, cuando salió ardiendo un autobús en las inmediaciones del Conservatorio de Música. El PSOE ha registrado varias preguntas para saber qué tipo de reparaciones se han hecho a estos vehículos, así como el coste de las mismas. "Si los vehículos no eran válidos para circular por Madrid, tampoco lo son para circular en Córdoba".

CRITICAS DE UCE La Unión de Consumidores de Córdoba considera "un despropósito" que no haya más controles públicos sobre el estado de la flota de Aucorsa. Los consumidores consideran que es un asunto de "mucha gravedad" y exigen a la Administración que intervenga.