La Intervención general no autoriza la rescisión de los contratos con indemnización que el Ayuntamiento de Córdoba quiere hacer para poner punto y final a su relación contractual con seis clubs que gestionan ocho salas de barrio de la ciudad. Tampoco ha dado el visto bueno para abonar esas cantidades el titular del órgano de apoyo a la junta de gobierno local. Por este motivo, si el concejal de Deportes y presidente del Imdeco, Antonio Rojas, quiere seguir adelante con su intención de poner fin a estos contratos indemnizando a los clubs tendrá que levantar el reparo. Esta salida (la de la rescisión de mutuo acuerdo) fue avalada por la unanimidad del consejo rector del Imdeco, basándose en un informe de la asesoría jurídica. Está previsto que la semana próxima se celebre un nuevo consejo rector, aunque por ahora se desconoce su orden del día y si se abordará o no esta cuestión.

SITUACIÓN ASFIXIANTE // Mientras en Capitulares deciden cómo poner fin a estos contratos para poder volver a licitar el servicio de las salas de barrio con criterios de libre concurrencia, la situación de los clubs es cada día más asfixiante. En caso de que no se les indemnizara, algunos tienen claro que la única salida sería la de acudir a los tribunales.

Además, desde el pasado mes de enero, las entidades deportivas que gestionan estos espacios no reciben ningún tipo de ayuda por parte del Ayuntamiento y están manteniendo a pulmón las salas. La interventora se negó a que el Ayuntamiento siguiera dándoles esas ayudas después de que el Tribunal de Cuentas informara de la causa abierta que tiene contra el Consistorio cordobés a cuenta precisamente del dinero que éste concedía a los clubs para equilibrar el déficit que les suponía mantener los precios públicos. La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas mantiene abierta esta instrucción para esclarecer si las ayudas dadas para cubrir dicho déficits son constitutivas de un delito de responsabilidad contable por alcance. Estas ayudas se han venido concediendo desde el año 2000 al 2017 de manera ininterrumpida, aunque el Tribunal de Cuentas investiga las del 2013.

El concejal de Deportes y presidente del Imdeco, Antonio Rojas, eludió ayer responder a este medio sobre la decisión que adoptará el gobierno municipal. La última vez que se refirió a este tema públicamente fue a principios de mes, cuando aseguró que la negociación con los clubs estaba «prácticamente cerrada». En aquella ocasión no quiso cifrar el montante que supondría para el Ayuntamiento rescindir esos contratos, pero afirmó que deberían liquidarse antes del 30 de junio.

Las salas de barrio no son la única instalación que debe regularizar el Imdeco. La siguiente tarea a afrontar será la de los 16 campos municipales de fútbol, que están «en precario». El PP advirtió la semana pasada que en el Imdeco hay facturas de 2017 que no se han podido pagar, por no contar con el visto bueno de Intervención, por valor de 340.000 euros. Una de estas facturas corresponde a la reposición del césped del campo de Poniente, que costó 114.437 euros y que aún no se ha abonado, según denuncia el dueño de la empresa.