Los sindicatos Ustea y CGT, con el apoyo de la Plataforma andaluza en defensa de la educación infantil (Padei), se concentraron ayer por la tarde ante las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba para protestar por lo que consideran «un ERE encubierto» en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) contra los funcionarios interinos y laborales temporales».

Los sindicatos convocantes critican y rechazan «el acuerdo al que han llegado Hacienda y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO» y lo que consideran unas cuentas «insolidarias» pactadas entre el Partido Popular y Ciudadanos.

Antonio Bujalance, representante del sindicato Ustea, explicó ayer a este periódico que en concreto se refieren al artículo 19.2 de los PGE que supondrá «un posible despido masivo de todos aquellos interinos con más de tres años de contrato». Los sindicatos manifestantes temen que después de años con una oferta de empleo secuestrada por bajísimas tasas de reposición se haya querido aceptar una oferta muy amplia de empleo público «pero sin medidas de compensación para todos aquellos funcionarios interinos y laborales temporales», apunta Bujalance, quien defiende como crucial que ahora se adopten «medidas de compesación» para este colectivo.

También creen que el artículo de los presupuestos nace «al albur de algunas sentencias europeas» que consideran, según algunas lecturas, que se está abusando de la contratación temporal en la Administración española, por lo que se pone un tope en los tres años para que las interinidades no se eternicen.

El artículo en cuestión afectaría a todos los estratos de la administración, incluida la educación y la sanidad, por lo que, concluyen desde Ustea, «puede afectar a muchos trabajadores».