El grupo parlamentario de IU ha presentado en el Parlamento andaluz una proposición no de ley, aprobada en la comisión de Hacienda por unanimidad, en la que instan al gobierno de la Junta de Andalucía a adaptar la norma que rige la movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género a los cambios legislativos introducidos por el gobierno del PP el año pasado. Según explicó la parlamentaria andaluza Elena Cortés, exigen que no se condicione la movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia machista a que exista una denuncia penal, una orden de alejamiento o una resolución judicial con medidas cautelares sino que «sea suficiente con presenten un informe del Ministerio Fiscal que acredite la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género o un certificado acreditativo de atención especializada expedido por un organismo público competente en materia de violencia machista». Según la parlamentaria andaluza, hay mujeres que por distintas circunstancias no denuncian, pero eso no debe impedir que se les proteja y facilite la movilidad. Asimismo, señaló que como órgano público competente se entiende el Instituto Andaluz de la Mujer o servicios en el ámbito de la Salud o Asuntos Sociales.
IU instó a la Junta a que actúe de forma inmediata y elabore una orden que regule estas situaciones.
