La Delegación de Infraestructuras necesitaría 90 trabajadores más para seguir prestando en condiciones óptimas los servicios de jardinería; mantenimiento de vía pública, edificios municipales y colegios, y alumbrado que presta en la actualidad. Esta es una de las conclusiones a las que llega el primer informe de aspectos técnicos y sociales elaborado en la comisión de estudio constituida por el Ayuntamiento para buscar fórmulas de gestión pública de los servicios de este área municipal, que actualmente cuenta con 253 trabajadores.
El documento analiza la plantilla y describe la carga de trabajo que asumen los empleados municipales de una delegación que ha perdido 41 empleos desde 2014 por las limitaciones de la tasa de reposición. En resumen, el informe dice dos cosas: que la actual plantilla no puede asumir la totalidad del servicio y que es posible «una gestión dual del mismo» que pase por la remunicipalización de la gestión que ahora hacen empresas privadas (en parques y jardines y mantenimiento de vía, edificios y colegios) con la creación de una empresa u organismo municipal nuevo.
VÍAS DE SOLUCIÓN
La concejala de Infraestructuras, Amparo Pernichi (IU), y el coordinador general de Urbanismo e Infraestructuras, Francisco Tejada, avanzaron ayer las conclusiones de este estudio, que deberá completarse con otros dos, uno jurídico y otro económico-financiero. Luego, se analizará en la comisión antes de llevarse al pleno para su debate y aprobación. La concejala afirmó que el estudio plantea «vías de solución» para seguir prestando el servicio de Infraestructuras desde lo público, y cree que le da la razón en la necesidad de personal que vienen denunciando desde hace meses. Esta urgencia de contrataciones (que dificulta el actual marco legislativo) se verá espoleada en los próximos años cuando este área deba asumir, además, el mantenimiento de nuevas zonas verdes en el Brillante (5.000 metros cuadrados), Mirabueno (17 hectáreas), El Patriarca (50 hectáreas), Parque de Levante (33 hectáreas) y en la carretera de Palma (12 hectáreas), que harán más evidente la necesidad de contar con más plantilla.
Pernichi insistió, frente a las críticas del CTA, que la acusa de querer montar «un chiringuito» en la delegación, en que esta comisión se ha constituido para que los servicios de Infraestructuras sigan siendo públicos, y por «responsabilidad», porque esta carga de trabajo extra vendrá en los próximos mandatos y no se está dando ahora, aunque reconoció que lo más fácil habría sido «quedarse mirando al techo».
El informe plantea el trabajo desarrollado por los empleados municipales de parques y jardines, frente al que hacen los trabajadores de las dos empresas privadas que gestionan zonas verdes de propiedad municipal. Así, frente a los 2,5 millones de metros cuadrados que cuidan 118 trabajadores municipales (27 de ellos con limitaciones), las empresas Thaler y Clece, que tienen adjudicados 1,2 millones de metros de zonas verdes, emplean a 58 personas, lo que implica una ratio similar. Por este motivo, Francisco Tejada ve asumible, al menos desde este punto de vista, la remunicipalización de esta gestión, porque una empresa municipal se ahorraría el 21% de IVA (como ocurre con la limpieza de Sadeco) y el margen de beneficio económico que debe aplicar la privada. No obstante, apuntó que los próximos informes tendrán que demostrar que la prestación pública de estos trabajos es «más eficaz», es decir, que se haga bien, y «más eficiente», o sea, que se haga lo mismo por menos coste o con el mismo coste hacer más que la de la privada.
CRÍTICAS DE LA CTA
El sindicato CTA, que abandonó la comisión, al igual que hizo el PP hace meses, y es muy crítico con la concejala Amparo Pernichi y el sindicato CCOO por este motivo, considera que IU trata de confundir a la opinión pública cuando dice que quiere remunicipalizar el servicio con la creación de una empresa. «Eso es falso --sostiene el sindicato de Francisco Moro en un comunicado--. Lo que se quiere es segregar esta actividad de los servicios que el Ayuntamiento presta directamente, para tener más juego político en la instrumentalización del empleo que generan los servicios públicos, y evadir los controles que se exigen para la gestión por la propia entidad local». Además, CTA considera que para que el servicio de parques deje de estar privatizado lo único que haría falta es dejar de licitar esos contratos y subrrogar los trabajadores a la plantilla del Ayuntamiento como indefinidos no fijos.
