El trascendente consejo de administración de Rabanales 21 del pasado viernes, en donde se acordó un plan para evitar el concurso de acreedores con aportaciones inmediatas por buena parte de los socios, todo ello a través de una ampliación de capital, pasó ayer al terreno político, después de que el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, considerara que la solución planteada «por la Junta de Andalucía y apoyada por la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio», no garantiza el futuro del parque científico y tecnológico y lo «mantiene en la UCI, en una situación delicada».
Así, Bellido advierte a la alcaldesa que «Rabanales 21, a día de hoy, se queda en Córdoba pero con todos los embargos y sin que nadie haya ingresado dinero en sus cuentas, pues las medidas adoptadas son fruto de la improvisación que define al cogobierno de Ambrosio, que es incapaz de dar solución a un problema que lleva encima de su mesa dos años y que se comprometió a resolver en primera persona». El portavoz del PP insiste en que la Junta debe de hacerse cargo del parque «con una ampliación de capital mucho más ambiciosa pensando a largo plazo».
Bellido hizo estas consideraciones a través de un comunicado después de que la alcaldesa considerara que, tras el consejo de administración, el parque tecnológico «se queda con garantías y para desarrollar una de las apuestas fundamentales de la ciudad», gracias a las soluciones encontradas y «tras haber cumplido con el encargo que nos realizó el consejo de Rabanales 21».
Curiosamente, los argumentos del PP son muy similares a la crítica que ya el pasado viernes realizó el parlamentario andaluz de Podemos por Córdoba, David Moscoso, que calificó las medidas tomadas como «pan para hoy y hambre para mañana» y recordó que el parque «acumula una deuda de 22,5 millones de euros».
Respecto a esta nueva polémica, el presidente de Rabanales 21, Manuel Pineda, mostró ayer a este periódico su intención de «mantenerme al margen escrupulosamente, como he venido haciendo en el pasado» dijo refiriéndose a otras ocasiones en las que el debate sobre el futuro de Rabanales 21 ha pasado al ámbito estrictamente político.
Hay que recordar que Rabanales 21 (donde Caixabank tiene el 35%, la Junta el 20%, la UCO el 25% y otras entidades porcentajes menores, como el Ayuntamiento, con solo el 4,5%) acordó el pasado viernes una ampliación de capital de 3 millones de euros a completarse antes de fin de año, en la que los socios pondrán recursos de acuerdo a su participación, con un próximo aporte de Caixabank de un millón de euros, otro de 600.000 euros de la Junta a través de la sociedad Soprea y la compra de suelo por parte de la Corporación Empresarial de la UCO por un valor entre 200.000 y 300.000 euros, además de un aval para la deuda que se mantiene con Hacienda y que asciende a 1,7 millones de euros (ya está embargado el edificio Orión). Al Ayuntamiento le corresponde aportar 160.000 y se ha comprometido a comprar suelo para un proyecto de innovación de Emacsa. Al respecto, también el PP cuestionó mucho que pueda materializarse este último compromiso municipal.
