El concejal de Gestión y presidente del Imdeco, Antonio Rojas, avanzó ayer que la negociación con los clubs que gestionan las salas de barrio municipales está «prácticamente cerrada», aunque prefirió no cifrar aún el montante que supondrá para el Ayuntamiento rescindir esos contratos en atención a lo dispuesto por el Tribunal de Cuentas. La Sección de Enjuiciamiento de este órgano mantiene abierta una instrucción contra el Consistorio cordobés para esclarecer si las ayudas dadas a los clubs para cubrir los déficits de explotación son constitutivos de un delito de responsabilidad contable por alcance. Esta causa ha llevado al gobierno local a suspender la concesión de ayudas y a resolver de mutuo acuerdo los contratos con los clubs para poder adjudicar de nuevo el servicio con criterios de libre concurrencia.

Rojas informó ayer de que a partir del 1 de julio será el Imdeco quien gestione las salas de barrio, para lo que antes tendrá que sacar a licitación un contrato de prestación de servicios de un año, hasta que salga el pliego definitivo con una duración de entre 2 y 4 años, al que podrá presentarse ya cualquier empresa o entidad, si bien se tendrá en cuenta a los clubs que históricamente se han hecho cargo de estos espacios «tanto como nos permita la ley», apuntó el concejal. Por otro lado, Rojas defendió que la asesoría jurídica haya remitido al Tribunal de Cuentas solo información relativa al año 2013 porque es el año «que nos han solicitado», dijo.

El portavoz del PP, José María Bellido, por su parte, recordó ayer que las ayudas a las salas de barrio se conceden de igual modo desde el año 2000, «siempre con informes favorables», y que se han seguido dando hasta diciembre del 2017, cuando ya había actuado el Tribunal de Cuentas, «lo que me parece más grave», señaló. En cualquier caso, Bellido defendió el mecanismo con el que se ha cubierto el déficit de las instalaciones durante años, que quizá, dijo, «no fuera del todo correcto, pero no fue irregular». Así mismo, restó importancia al hecho de que el Ayuntamiento haya limitado a los miembros del consejo rector del entonces IMD de 2013 la responsabilidad de la concesión de ese dinero, al decir que sería lo que el Tribunal de Cuentas les ha requerido. «Si no, me parecería una absoluta irresponsabilidad del gobierno querer buscar un culpable en el PP, cuando en el consejo se sientan todos los grupos municipales».

Rojas también hizo referencia ayer al retraso en la demolición del Pabellón de la Juventud, que aseguró se hará «cuanto antes».