El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, ha asegurado este viernes que los socialistas se han comprometido a "erradicar la pobreza energética de los hogares con cargo a los Presupuestos generales del Estado (PGE)", porque consideran la energía "como un derecho social básico".

En rueda de prensa, Hurtado ha destacado que "la regulación del mantenimiento de las condiciones adecuadas de climatización de la vivienda para personas vulnerables y de quienes sufren pobreza energética es un desarrollo del artículo 47 de la Constitución del derecho a la vivienda".

A este respecto, el diputado socialista ha señalado que "el PP ha hundido a las empresas que apostaron por el aprovechamiento de las energías renovables, ha subido el precio de la electricidad y ha propiciado una disminución de los salarios", recordando que "la tarifa de la luz ha aumentado un 52% desde 2008".

Hurtado ha indicado que las directivas europeas requieren a los estados la regulación necesaria para garantizar el suministro eléctrico y de gas imprescindibles para las condiciones mínimas de vida digna, asociadas a la vivienda habitual, a un precio asequible para el consumidor vulnerable y la prohibición de la desconexión en periodos críticos a estas personas vulnerables.

Sin embargo, según ha lamentado Hurtado, "tanto la Ley de Hidrocarburos, como la Ley del Sector Eléctrico no han definido el concepto de consumidor vulnerable, como aquel que no dispone de renta para satisfacer sus necesidades domésticas básicas de energía".

De este modo, con la regulación actual "solo se puede acceder a la bonificación del 25% con el bono social o que los servicios sociales municipales te ayudarán a pagar la factura de luz o gas".

Hurtado ha añadido que la fórmula de las bonificaciones tiene problemas jurídicos, en cuanto a quién financia la bonificación (operadores, distribuidores o el propio sector en su conjunto), "y la cobertura a través de los servicios sociales se muestra claramente insuficiente y voluntarista".

Por eso y teniendo en cuenta que, según Hurtado, "el problema es grave y la pobreza energética ocasiona hasta 7.000 muertes en España al año", la solución requiere "un cambio de sistema y desarrollar, tanto las directivas europeas del sector eléctrico y del gas que contemplan la necesidad de garantizar la habitabilidad de los hogares de consumidores vulnerables, como definir la situación y circunstancias de los consumidores vulnerables y protegerlos para que no se les corte el suministro en periodos clave del año".

En este sentido, entre las novedades de la proposición legislativa socialista se incluye que "se consideren consumidores vulnerables los pensionistas con pensiones mínimas, los hogares con todos sus miembros en paro, las familias numerosas que sufran pobreza energética y aquellos hogares que tengan renta familiar per cápita que no supere el 75% del salario mínimo interprofesional".

Además, la iniciativa socialista prevé que se considerará pobreza energética cuando sea consumidor vulnerable que destina más del diez por ciento de los ingresos familiares disponibles a climatizar su vivienda, y que las comercializadoras no podrán cortar el suministro en el caso de pobreza energética hasta que no lo autorice la Administración competente.

Junto a ello, el PSOE pretende que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia determine el procedimiento y la autorización requerida y que se establezca una tarifa social para garantizar el suministro, y que el déficit que supone para las empresas suministradoras se sufragará con cargo a los PGE.

Por último, la proposición legislativa socialista incluye que se financien con recursos públicos las inversiones para mejorar la eficiencia energética de los hogares que sufren pobreza energética.