¿Hay que hacer un referéndum sobre la eliminación de las calles franquistas? Esa es la pregunta que sobrevuela por Capitulares hoy, después de que ayer la comisión de la Memoria Histórica aprobara por unanimidad el 95% de su dictamen. Prácticamente todas las conclusiones de este grupo de trabajo, impulsado por el Ayuntamiento y formado por los grupos municipales y las asociaciones memorialistas, han sido respaldadas por unanimidad (la exhumación de fosas, la designación de nuevos lugares de memoria o la elaboración de un censo de represaliadas), menos la eliminación del callejero de apenas un puñado de calles, que recibieron el apoyo de la mayoría (PSOE, IU y Ganemos) y el rechazo o la abstención de la oposición (PP, Cs y Ucor). Las calles en cuestión son Cañero, José Cruz Conde, Conde de Vallellano, José María Pemán y Cronista Rey Díaz. El resto del nomenclátor franquista (diez calles más) sí recibió el apoyo de todos los integrantes de la comisión.

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, no ha descartado esta mañana la propuesta del referéndum que ayer planteó el PP, aunque tampoco ha dicho que vaya a hacerse. "Como alcaldesa me comprometo a hacer un esfuerzo para aquello que no ha sido fruto de la unanimidad intentemos que sea por unanimidad y si para eso hace falta recurrir a instrumentos de participación creo que no tendríamos que ponerles problemas", ha dicho. La regidora socialista, que ha negado que en el seno de su grupo municipal existan discrepancias sobre este asunto, ha valorado muy positivamente el trabajo de la comisión y ha recordado que aún queda un largo trabajo que aspira a la unanimidad hasta el Pleno.

Por contra, Izquierda Unida, ha rechazado la posibilidad de hacer un referéndum sobre la eliminación de los nombres que suscitan más debate del callejero franquista, porque las leyes ya aprobadas no se someten a refrendo popular, ha dicho la teniente alcalde de Hacienda, Alba Doblas. "El reglamento de participación ciudadana se aplica en todo, pero no para el cumplimiento de las leyes porque su cumplimiento es ineludible y no se puede alegar eso para no cumplir una ley", ha explicado la concejala de IU, poniendo de ejemplo que tampoco se consulta a los ciudadanos si debe aplicarse o no el IVA.

La propuesta de consulta popular fue sugerida por el PP ayer por la mañana en una rueda de prensa para aquellas calles que despiertan más dudas, bien por su arraigo popular o bien por las luces y sombras del personaje histórico en cuestión. Hoy mismo, el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, ha criticado que haya sido la responsable de Participación Ciudadana, Alba Doblas, quien haya rechazado el referéndum. Fuentes acusa a Doblas de aplicarse "la ley del embudo" cuando no le gustan las cosas y lamentó que se cambiara un párrafo del borrador del dictamen que atendía la posibilidad de que hubiera en este tema participación ciudadana. El PP ha anunciado que tratarán de cambiar en el Pleno ese apartado para que se consulte a los vecinos por este tema. Respecto a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, Fuentes la acusa de "radical" y la culpa de romper el consenso.

Satisfacción del movimiento memorialista

Luis Naranjo, del Foro de la Memoria Histórica, ha expresado su satisfacción por el resultado del dictamen, que ha calificado como "un importantísimo y crucial paso para la recuperación de la dignidad de las víctimas de la guerra y la dictadura". En este sentido, ha recordado que el movimiento memorialista lleva muchos años luchando, "a veces en soledad", para que se conozca la dimensión del genocidio y desaparezcan las huellas de la represión. También ha expresado su deseo de que en el Pleno todos sean "coherentes con los valores que dicen defender" y apoyen todas las propuestas de la comisión, ya que, de lo contrario, "llevarían a la frustración y al desamparo a las víctimas".

Luis Naranjo, que fue director general de la Memoria Democrática de la Junta y uno de los principales artífices de la ley andaluza, considera que esta cuestión no es "ni de izquierdas ni de derechas" y piensa que es "inadmisible" que se proponga un referéndum ciudadano "para ver si se cumple o no la ley".