Seis meses después de que se produjera el vertido de alperujo de Oleícola El Tejar en el río Guadalquivir, la Guardia Civil ha imputado a tres responsables de la empresa por unos hechos que encuadra en un posible delito contra los recursos de la naturaleza y el medio ambiente. De este modo, los resultados de la investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) han sido trasladados a la Fiscalía provincial, «con la finalidad de fundamentar las posteriores acciones penales que el caso requiera», según han señalado desde el instituto armado.

Por el momento, no ha sido posible conocer a qué responsables se ha identificado e imputado la infracción penal en calidad de investigados. En línea con las valoraciones que otras entidades han realizado sobre el incidente, la Guardia Civil entiende que se han causado «daños sustanciales al medio receptor del vertido».

Su investigación ha contado con dos líneas de trabajo, que han sido la visita de efectivos del Seprona a las instalaciones de la sociedad donde se originó el vertido y la determinación de las consecuencias que se produjeron en la fauna, en la masa de agua y en el cauce. Para esto, según destacan desde la Comandancia, se recabó la colaboración de técnicos de la delegación territorial de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Los informes permitieron a los investigadores constatar que la afección a la fauna piscícola «fue de suma importancia» y que la cuantía económica en la que se han cifrado los daños a la calidad de las aguas «fue estipulada en rangos muy elevados».

El vertido se originó a finales de junio en el municipio de Pedro Abad y se extendió más allá de la capital. En los primeros días, desde la CHG ya apuntaron que se trataba del incidente de este tipo más importante de las dos últimas décadas y que la mancha se extendía a lo largo de unos 20 kilómetros. Una semana después de que se originara, destacaron que habían retirado 4,5 toneladas de peces muertos.