El empresario Rafael Gómez ya tiene en su poder el auto de ejecución de la sentencia que lo condenó a cinco años y tres meses de prisión, además de a una multa de cerca de 112 millones de euros, como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública por el impago de casi 29 millones, cantidad en la que también deberá indemnizar a esta. Según han informado fuentes judiciales, el exconcejal de UCOR ha acudido esta mañana al juzgado, donde se le ha entregado el auto y se le ha requerido para que cumpla la condena en un plazo de 20 días.

El juzgado puso ayer en marcha el proceso notificando a la defensa de Gómez el auto de incoación de la ejecutoria. En este auto, que recoge la parte dispositiva de la sentencia, se le da un plazo de 20 días para su ingreso voluntario en prisión a partir de que se le notifique personalmente -lo que se ha producido hoy mismo-, aunque lo previsible es que este periodo se alargue aún mucho más. Y es que Gómez y su defensa aún pueden dar varios pasos para retrasar o incluso intentar evitar la entrada en la cárcel.

Según fuentes judiciales, los abogados del empresario aún podrán solicitar la suspensión de la ejecución e incluso recurrir el auto, aunque esto último no la frenaría. En cualquier caso, si no fueran atendidas sus pretensiones, le queda la posibilidad de pedir el indulto. En tal caso, el juez podía suspender la pena mientras se tramita este, aunque si no hay reparación efectiva del daño es improbable que se conceda. La suspensión, apuntaron, se condiciona siempre a la indemnización del perjudicado, y Gómez fue condenado en vía de responsabilidad civil a pagar a Hacienda casi 29 millones de euros, según estableció el fallo.

De momento, Gómez se encuentra en libertad provisional, con el pasaporte retirado y cada 15 días está obligado a presentarse ante el juzgado. Estas medidas se le impusieron después de que el pasado febrero, una vez conocida la sentencia, la Fiscalía pidiera prisión preventiva para el empresario, eludible con el pago de una fianza de tres millones.

Fuentes del ministerio público ya explicaron que en caso de confirmarse la sentencia, lo que hizo la Audiencia Provincial el pasado julio, Gómez, condenado a una pena de dos años y nueve meses de prisión y a otra de dos años y seis meses, tendría que cumplir la suma, es decir, cinco años y tres meses de cárcel. Es más, en caso de impago de las multas de casi 112 millones se le sumarían seis meses más de privación de libertad.