La Fiscalía de Córdoba aún no ha decidido si recurrirá la sentencia que condena al empresario y exconcejal de UCOR Rafael Gómez a cinco años y tres meses de prisión por dos delitos contra la Hacienda Pública, ni tampoco si pedirá su ingreso inmediato en la cárcel como medida cautelar. Fuentes del ministerio público informaron ayer de que siguen estudiando la resolución dictada por el titular del juzgado de lo Penal número 3 y que a lo largo de esta semana se tomarán las dos decisiones. Respecto a las medidas cautelares, en caso de solicitarlas, estas también podrían pasar por pedir prisión eludible con fianza. La retirada del pasaporte a Gómez, que es otra posibilidad, ya se acordó hace un año en el auto de apertura de juicio oral.
La sentencia conocida el lunes, por la que también se condena al empresario a multas que se elevan a casi 112 millones, no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Los abogados de Gómez ya han anunciado que recurrirán la misma «en lo que es desfavorable» y sostienen que «no se da el supuesto» para que la Fiscalía solicite el inmediato ingreso en prisión del empresario, algo que suele darse ante delitos de especial gravedad o riesgo de fuga.
El juez, que absolvió a los cuatro hijos de Gómez, ha considerado que este cometió dos delitos fiscales en el 2006, año en el que según la sentencia dejó de pagar a través de dos de sus empresas casi 29 millones de euros, cantidad en la que deberá indemnizar a Hacienda.
