Lunes 20 de febrero, 10.30 horas. El empresario y exconcejal de Unión Cordobesa (UCOR) Rafael Gómez está citado en el juzgado para notificarle la sentencia por el caso de fraude fiscal que le llevó al banquillo en enero. Acude junto a su mujer, sus hijos -también acusados- y varios amigos que lo han acompañado durante todo el proceso. La primera noticia, la absolución de sus hijos, dibuja el alivio en su cara. La segunda, su condena, provoca un ligero desvanecimiento en su esposa. Gómez abandona rápido el Palacio de Justicia. Lo hace, según sus palabras, «más tranquilo que Gila» porque, insiste una vez más, «no he hecho nada» y porque «hasta el más tonto sabía» que lo iban a condenar. Pero detrás de su sonrisa se percibe cierto nerviosismo al hablar, incluso muchas ganas contenidas de señalar a «los dos que me han llevado a esto», dos personas con «poder», asegura sin desvelar más aconsejado por uno de sus abogados. «Se sabía ya en cierto modo que había que acabar con Rafael Gómez, por las envidias y las competencias», concluye. Esa es su lectura: no hay más que una o varias manos negras confabuladas en su contra. La del juez, en cambio, es otra más sencilla: Gómez es autor responsable de dos delitos contra la Hacienda Pública porque en el 2006 dejó de tributar casi 29 millones de euros, lo que le vale una condena a penas que suman cinco años y tres meses de prisión y multa de cerca de 112 millones.

Los argumentos del fallo contra el empresario

El juez absuelve a los hijos de Gómez porque considera que eran «meros empleados» del entramado empresarial y se limitaban «a firmar los documentos que se le ofrecían», pero dirige todas sus miradas al cabeza de familia porque no le cabe duda de que era él «quien realmente tomaba las decisiones y llevaba las riendas» del grupo. Y eso a pesar de que el empresario alegó en su defensa que «no sé ni lo que es el IRPF». Una línea, la de dibujarse como «analfabeto», como señala el juez, que de nada le ha servido. «No puede servir de excusa la ignorancia», mucho menos si es «consciente y deliberada», apunta el magistrado. Además, por más que alegara que lo único que hizo fue «trabajar y dar trabajo» y depositar su confianza ciega en el personal contratado, «se olvida el acusado -le recuerda la sentencia- que ha sido él el que voluntariamente se ha convertido en empresario, introduciéndose en el tráfico jurídico como tal, de tal manera que quien asume esa condición debe de asumir también las consecuencias de sus supuestos errores».

Y tampoco es posible admitir la tesis de los errores, «lo que no resulta creíble ni admisible en una empresa de esta envergadura». «Tantos errores y omisiones en un ejercicio -insiste el juez- no puede haber en una sociedad mercantil de la envergadura de la analizada en este apartado, máxime cuando ocurre, como en el presente caso, que se produce una gran cantidad de beneficios y plusvalías al tener que vender activos y hacer caja, de tal manera que la única consecuencia lógica de tantos errores y ocultaciones no puede ser otra que la minoración fraudulenta, voluntaria y maliciosa de la factura fiscal del ejercicio 2006». En realidad, nos encontramos «ante una voluntaria, consciente y manifiesta ocultación y ante una aplicación voluntaria, consciente y manifiestamente incorrecta de la norma tributaria», señala la sentencia.

2006, el año de la detención por el caso Malaya

El fiscal pedía para Gómez 40 años de cárcel por diez delitos cometidos entre 2003 y 2006 a través de cuatro de sus empresas. Sin embargo, el juez entiende que en el caso de los referidos a los tres primeros años «hay una duda más que razonable» sobre el ánimo defraudatorio y lo absuelve. En cambio, lo condena por los delitos referidos al 2006. Aquel año, según la sentencia, se ocultaron fincas en las existencias, se registraron provisiones por depreciación de otras -como una escultura cuya inversión era «irracional»-, se dieron de baja viviendas de la Carrera del Caballo que no se vendieron hasta el 2007 o se redujo el beneficio con facturas o venta de participaciones.

En definitiva, según los peritos de la acusación, estas prácticas se aplicaron porque en el 2006 el grupo tuvo muchas plusvalías y con ello pretendían reducir la factura fiscal, según recuerda la sentencia. Pero, ¿qué pasó aquel año? Nada menos que Gómez fue detenido en junio en la segunda fase de la operación Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella y el grupo «se vino abajo», señalaron los auditores durante el juicio. El director financiero de las empresas de Gómez relató en la sala de vistas que, tras la detención de este, la banca, «alegando riesgo reputacional», exigía el pago de una deuda que cifró en 2.000 millones de euros, por lo que tuvieron que vender activos.

El futuro, pendiente de los recursos y la Audiencia

¿Qué ocurrirá a partir de ahora? La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Los abogados de Gómez han anunciado que la recurrirán «en lo que es desfavorable» y lo mismo han hecho la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Mientras que se resuelven los recursos, algo que podrá llevar entre dos y tres meses, Gómez no tendrá que entrar en la cárcel. El fiscal pidió como medida cautelar su ingreso en prisión eludible con el pago de una fianza de tres millones, pero el juez ha acordado que permanezca en libertad provisional y sin fianza. Eso sí, le mantiene retirado el pasaporte y deberá comparecer cada 15 días ante el juzgado.

Si se confirma la sentencia por parte de la Audiencia, el empresario tendrá que cumplir la suma de las penas de prisión impuestas, es decir, cinco años y tres meses. Además, en caso de impago de la multa de 112 millones, se le sumarían seis meses más de privación de libertad. Gómez ya fue condenado en el caso Malaya por un delito de cohecho activo y se le impuso la pena de seis meses de prisión, sustituida más tarde por el pago de 3.600 euros, y multa de 150.000 euros. Su futuro depende ahora de la Audiencia Provincial.