El gobierno local ya ha redactado un borrador del plan de rescate ciudadano, uno de los principales puntos del pacto que permitió gobernar a PSOE e IU con apoyo de Ganemos, que deberá ser consensuado con colectivos sociales los próximos días. El plan, que pretende garantizar la luz, el agua, la alimentación y la vivienda a todos los cordobeses, no tiene fijada, de momento, asignación presupuestaria concreta. De hecho, una de las cuestiones que aborda el texto es, precisamente, la necesidad de dotar económicamente mejor el área de servicios sociales e incrementar sus recursos humanos, logísticos y económicos.

A un nivel más práctico, el documento propone un rescate "a corto plazo" que mejore el acceso a los servicios municipales, permitiendo el empadronamiento de personas sin contrato de alquiler ni vivienda en propiedad, cosa que no era posible hasta ahora. La posibilidad de empadronarse facilitará además el acceso al agua, ya que Emacsa estudia ofrecer el servicio a pesar de carecer de contrato de alquiler o título de propiedad. La idea es garantizar el suministro de agua para aquellos que no puedan afrontar el pago del recibo por encontrarse en exclusión social o insolvencia económica. Para estos casos se establecerá un mínimo vital de 3 metros cúbicos de agua por persona y mes.

Respecto a la energía eléctrica, el plan reconoce la dificultad de garantizar este suministro al depender de una empresa privada como Endesa. No obstante, se recoge la necesidad de "combinar incentivos positivos con presión institucional" e incluso se dice que "hay que hacer ver a Endesa que el Ayuntamiento es su mejor cliente y que podría perderlo si no establece una alianza". En esta línea, se aboga por renegociar el convenio con Endesa para que las familias que no puedan pagar la luz tengan al menos seis meses de prórroga.

En el apartado de vivienda se pide la paralización de los desahucios y se prevé la apertura de la Oficina de la Vivienda. Además se contempla un plan de contingencia para urgencias, que incluya disponer de "5 a 10 viviendas para ofrecer alternativas" en caso de desahucios; disponer de una casa de acogida familiar; crear una bolsa de alquiler de bancos, Vimcorsa y Junta; estudiar "alternativas habitacionales baratas y rápidas siempre que no impliquen guetos", o impulsar la subrogación hipotecaria para la compra de viviendas. También se quiere hacer un estudio, con la UCO y el Colegio de Abogados, para buscar vías legales para sancionar a los bancos con viviendas vacías. Por último, se propone la creación de un economato social y un programa de huertos urbanos. Dentro de otras líneas de trabajo se plantea impulsar el "trabajo garantizado a través de créditos fiscales o de la creación de una moneda social, como se plantea el Ayuntamiento de Barcelona", un sistema alternativo de pago que facilita el intercambio.