La gestión de 35 millones de los llamados fondos anticrisis o Feels (Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local) del año 2009 es el nuevo motivo de bronca entre el gobierno local y los anteriores responsables del Ayuntamiento. El portavoz del PP, Miguel Angel Torrico, exigió ayer explicaciones a IU y PSOE tras la publicación de un informe del Tribunal de Cuentas sobre el uso que hicieron, entre otros, el Consistorio cordobés de estos fondos. En dicho informe se detectan irregularidades como la falta de transparencia en la adjudicación de varias obras, su demora o que las empresas no contratasen al número de parados que prometían en sus proyectos. Torrico personalizó sus críticas en tres responsables del cogobierno de IU y PSOE y fue a ellos a quienes exigió explicaciones: al coordinador provincial de IU y exconcejal de Infraestructuras, Pedro García; al portavoz municipal de IU y exconcejal de Urbanismo, Francisco Tejada; y a la portavoz del PSOE y exconcejala de Participación, Inmaculada Durán. Torrico cree que el órgano fiscalizador de las cuentas evidencia que la forma de gestionar de IU y PSOE está basada "en la ineficacia, el derroche y en un reiterado incumplimiento de la legalidad". El portavoz del PP reiteró que precisamente esa "herencia" ha condicionado y "ralentizado" los primeros años del mandato popular. "Hicieron una serie de proyectos sin saber a qué se iban a destinar, ni a quiénes iban dirigidos, ni tampoco cuánto se iban a gastar", espetó Torrico.

ESCUELA DE PARTICIPACION El portavoz del PP desgranó algunos de los casos analizados por el Tribunal de Cuentas, como el de la Escuela de Participación Ciudadana, del que se advierte que se contrató la adquisición de suministro para su equipamiento por 146.520 euros "si bien, en la visita efectuada se detectó que gran parte del suministro (...) se encontraba distribuido por otros centros". En cuanto a tres millones de euros que se destinaron a programas educativos, el informe dice que "no se sabe a cuántos usuarios son los que finalmente se destinó el dinero"; o el caso de los programas de dependencia para los que "se destinaron 1,8 millones de euros para 99 usuarios, cuando en el proyecto que se presentó eran cerca de 26.000 los usuarios inicialmente previstos".