El gobierno local trabaja en un nuevo reglamento para el funcionamiento de los centros cívicos, que contempla incluso la autogestión de estas dependencias municipales. La teniente de alcalde de Participación, Alba Doblas, ha explicado hoy en rueda de prensa algunas de las principales demandas de la ciudadanía para mejorar los centros cívicos, que forman parte de las conclusiones de unas jornadas de participación ciudadana que se celebraron en enero para abordar esta cuestión. La intención del gobierno local es revisar el reglamento de funcionamiento de estas instalaciones y poner en marcha "el reglamento del siglo XXI, el que demanda la ciudadanía". La idea es que estas nuevas normas estén listas en 2018.

La principal demanda de los ciudadanos que asistieron a las citadas jornadas es que los centros cívicos abran más horas, que sean más flexibles y sean un instrumento para la dinamización social. También se pide una revisión de los servicios municipales que están prestando y que exista una correlación mayor del centro cívico con la junta municipal de distrito. "En definitiva se quiere pasar de una ciudadanía usuaria del centro cívico a otra implicada en la gestión del centro cívico", ha dicho Doblas, que ha reivindicado unos centros "más abiertos a la calle", que atraigan a nuevos usuarios (niños y jóvenes fundamentalmente) y que recuperen a los que han perdido.

La responsable de la Participación Ciudadana ha reconocido que el principal escollo para poner en marcha estas reivindicaciones es la falta de personal en los centros cívicos, "no por falta de recursos", ha matizado. En este sentido se están valorando incluso fórmulas de autogestión, toda vez que en Córdoba existe un potente movimiento asociativo que, ha dicho Doblas, merece toda la confianza para llevar a cabo esta tarea. También ha abierto la puerta a la contratación privada, para sortear los problemas en la contratación provocados por la ley de sostenibilidad de la Administración local, la conocida como ley Montoro, a la que ha criticado con dureza por suponer la asfixia de los ayuntamientos.

Ahora estas conclusiones se trasladarán al Consejo del Movimiento Ciudadano, que elaborará un informe que dará lugar a una propuesta técnica definitiva. La idea es que en 2018 esté lista la nueva normativa para centros cívicos, que será la que se difundan por los consejos de distrito y colectivos.