El Palacio de Congresos de la calle Torrijos se gestionará, finalmente, a través de «un contrato de servicio público mediante concesión administrativa», según el acuerdo alcanzado ayer entre la Junta de Andalucía y los agentes sociales de la ciudad, en la segunda reunión convocada para abordar el asunto.

Según ha informado la Junta de Andalucía, estas reuniones pretendían recoger la opinión de todos los sectores implicados (patronal, sindicatos, Cámara de Comercio, Ayuntamiento y Junta) a la hora de tomar una decisión sobre el Plan de Usos de este equipamiento. Pese a este acuerdo, desde Comisiones Obreras se ha manifestado la disconformidad con esta fórmula. La secretaria provincial del sindicato, Marina Borrego, volvió a defender «la gestión pública» del espacio congresual y señaló, tras el acuerdo que se cerró ayer, que «espera que en la licitación se exijan las garantías necesarias para asegurar que los trabajadores no pagan las ofertas a la baja».

El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona, explicó que el plan de usos «deberá definir el objeto de la gestión pública de celebración de congresos, actividades culturales, exposiciones y demás eventos dirigidos a la promoción turística y económica de Córdoba». Indicó asimismo que la futura gestión del recinto «debe tener un carácter técnico y profesional como garantía del desarrollo de una buena gestión. Junto a ello, la Junta de Andalucía, como órgano de contratación, definirá las cuestiones técnicas y administrativas a las que se debe ajustar el procedimiento de adjudicación». También se acordó crear una comisión de seguimiento del plan.

Por su parte, el consejero de Turismo, Javier Fernández, dijo ayer que que se está esperando desde la Consejería conocer la fecha exacta de final de la obra (primer trimestre del 2018) para empezar con las labores de promoción e indicó que “Córdoba necesita ese cliente corporativo que mantenga la ocupación durante toda la semana».