El anuncio de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, de crear una comisión de expertos, que presidirá el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, ha sido recibida con satisfacción por unos y criticada por otros. En el primer grupo se encuentra el primer teniente de alcalde, Pedro García (IU), que asegura que «lo mínimo que tiene que hacer el Ayuntamiento» es «defender lo público» y «eso es lo que vamos a hacer estemos en el gobierno o en cualquier institución». Para IU, el paso dado «es un compromiso, no solo político, sino también moral y ético, de recuperar los bienes públicos que inmatriculó la Iglesia», por lo que valora «positivamente» que presida la comisión Mayor Zaragoza. Además, y en cuanto a la reacción que tuvo el viernes el Cabildo, que considera la comisión «un ataque a la comunidad católica», García tiene claro que «la defensa de lo que es de todos no es un ataque a nadie». «No se trata de entrar en confrontación con el Obispado», aclara, «sino simplemente que vamos a defender» lo que es «público». Por ello, confía en que «se imponga el sentido común y que algo que es de todos, siga siéndolo».

El Cabildo prefirió no hacer declaraciones y se reafirmó en lo manifestado el viernes, día en el que aludió a informes y sentencias «que demuestran que la titularidad de la Catedral es propiedad de la Iglesia desde 1236». La alcaldesa optó también ayer por guardar silencio, mientras que el PP, que el viernes calificó de «disparate» y «absurdo jurídico» la creación de la comisión, reiteró ayer esas afirmaciones.

El portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, se mostró «muy contento de que, por fin, esta comisión vaya formándose» y aseguró que «la persona que la va a liderar reúne el respeto internacional y todas las condiciones para llevar a buen puerto el trabajo». Blázquez piensa también que la comisión «no es un ataque contra los católicos» y pide «responsabilidad» al obispo, que «debiera, por responsabilidad, no lanzar ese tipo de mensajes», que son «cortinas de humo para continuar haciendo la gestión del monumento», que «ha de estar participada desde lo público». Blázquez insiste en que «no se discute el culto en el monumento», pero sí «todo lo que ha significado el proceso de inmatriculaciones a través del que la Iglesia Católica ha puesto a su nombre miles de edificios».

El portavoz de Ciudadanos, David Dorado, no entiende la urgencia de crear la comisión «después de tener la Iglesia la propiedad de este bien desde hace ya 800 años». Tampoco comprende «el empeño en la titularidad», que «está en el afán recaudatorio del propio Ayuntamiento», ya que «si fuese pública, por ley, no podría exonerar a los cordobeses del pago de la entrada». Tampoco entiende que esté en peligro, ya que los valores excepcionales «se vienen cumpliendo históricamente». Según Dorado, el equipo de gobierno «se dedica a unos menesteres que para nada son la principal preocupación de los cordobeses y solamente busca crear la polémica para aparentar que está haciendo algo». En esta línea, Rafael Serrano (UCOR), afirma que el equipo de gobierno está instalado «en una confrontación estéril contra la Iglesia, tratando de dividir a los cordobeses y gobernando de cara a la galería para una minoría», cuando «hay problemas más importantes».