El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo ayer en el Senado que expropiar la Mezquita sería "un despropósito jurídico y económico" y así rechazó la posibilidad de retirar a la Iglesia católica la propiedad del inmueble, que inmatriculó en 2006. Esa fue su respuesta a la pregunta del senador de IU, José Manuel Mariscal, que pidió al ministro acabar con los "privilegios medievales" de la Iglesia. Gallardón esgrimió que la Ley de patrimonio histórico-artístico exige que haya peligro de destrucción o deterioro del edificio para expropiar y una razón económica: "¿Calculan lo que puede valer la Mezquita de Córdoba? ¿Por qué propone que le demos a la Iglesia católica esas cantidades ingentes de dinero cuando podemos disfrutar de su visita por 8 euros?", preguntó.
Gallardón acusó además al senador de IU de tener "una enorme confusión jurídica", al confundir "la inscripción con el título de propiedad", ya que, dijo, "la inscripción del dominio no es constitutiva de la propiedad". "Estoy seguro de que muchas de sus señorías tenemos bienes inmuebles sin que los hayamos inscrito en el registro de la propiedad", dijo el ministro provocando rumores en la Cámara Alta. Mariscal, por su parte, acusó al PP de obedecer a la jerarquía católica y a ésta de hacer una gestión "opaca y abusiva" de la Mezquita-Catedral. Asimismo, pidió al Gobierno no ser cómplice de "los privilegios medievales" y que corrija la propaganda que ofrece el Cabildo del monumento. El senador explicó que la propiedad del edificio ha costado 30 euros, recordó que se cobran 8 por entrar y criticó los beneficios recaudados, que además están libres de impuestos. Para Mariscal, esto es "la bellísima punta del iceberg" de un proceso que comenzó en el año 98 con el cambio de legislación auspiciado por Aznar. A su juicio, el entonces presidente del PP empeoró la Ley hipotecaria al permitir a la Iglesia la inmatriculación de los espacios de culto. "Estas leyes que algunos piensan que son preconstitucionales y que otros creemos que son anticonstitucionales y franquistas, que equiparan al Estado con la Iglesia y a los diocesanos con fedatarios públicos, han provocado 4.500 inmatriculaciones. ¿Piensan modificar la legislación para evitar ese robo?", preguntó. Gallardón contestó que esta ley ya ha sido modificada, aunque el dirigente de IU le espetó que se ha hecho "un truco" al dar un año de moratoria para que la Iglesia termine de inmatricular todos los bienes. Sobre este asunto (la de la Mezquita se hizo en marzo del 2006), Gallardón indicó que son dos años --y no diez, como defiende la plataforma que pide la titularidad pública-- los que pueden transcurrir, una vez inscrito el bien, para revocarlo. Así, recordó que el PSOE, partido que gobernaba en marzo del 2006, no lo hizo.
