Las redes sociales, tales como Facebook o Twitter, se han convertido en una plataforma para la comisión de hechos delictivos en la que conviven adultos y menores de 14 años, que tienen el acceso prohibido. Esta es una de las advertencias que lanza la Fiscalía de Córdoba a través de la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía del 2016, donde recalca que los padres, pese a que se les advierte que está prohibido que los niños con menos de 14 tengan acceso a redes sociales persisten en «una aceptación generalizada en que no hay peligro, observándose un aumento de estos medios para realizar tales conductas».

La Fiscalía señala además cómo ha aumentado la complejidad de los asuntos a investigar en materia de violencia y acoso escolar por su relación con las nuevas tecnologías de la información «y a la reticencia de ciertos centros educativos, pese a que todos tienen suscritos protocolos contra el acoso». Insiste la Fiscalía en que «muchas de las conductas de lesiones, amenazas, vejaciones o maltrato que se cometen dentro del ámbito escolar son cometidas por menores de 14 años».

La Fiscalía de Córdoba inició en el año 2015 un total de 14 expedientes de reforma, dos de ellos por delito de atentado por agresión a profesores en el ejercicio de sus competencias. Tras las últimas reformas normativas, la mayoría de las faltas que llevan a abrir expedientes de este tipo abordan el castigo a los menores con tareas socioeducativas, libertad vigilada con alejamiento y sometimiento a programas específicos contra la violencia en el ámbito escolar. El Ministerio Público recomienda en su informe realizar en el marco del sistema educativo y con carácter formativo charlas sobre el uso y consecuencias del mal uso de estas redes, tanto por parte del profesorado de los centros como por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que subrayen la importancia de las nuevas tecnologías «como herramienta pedagógica y de formación».

En el apartado de menores, la memoria de la Fiscalía se detiene en los casos que se abordan desde los centros de protección que existen en provincias como Córdoba y señala la preocupación por «el aumento progresivo de menores con trastornos de conducta, que hace que cada vez más se proceda al internamiento judicial. En este sentido, indica que se trata de un problema que trasciende al ámbito estrictamente familiar «al presentar graves e importantes consecuencias en otros ámbitos como el educativo, el sanitario, social y judicial», resaltando que se trata de un problema complejo y difícil «que no puede ser afrontado por las familias sino que exige un abordaje multidisciplinar».

Del mismo modo el informe subraya el esfuerzo realizado por la Sección de Menores de la Fiscalía de Córdoba en relación con las mujeres inmigrantes posibles víctimas de trata y con menores de filiación desconocida, alertando de la falta de recursos y convenios con entidades especializadas para garantizar su protección. Advierten de un vacío legal a la hora de proteger a mujeres víctimas de trata o violencia de género y asus hijos cuando éstas se niegan a ser protegidas, entre otras cosas porque no se reconocen como víctimas.