El fiscal delegado de la especialidad civil en Andalucía, Fernando Santos Urbaneja, miembro de la Fiscalía de Córdoba, será el encargado de la investigación para conocer las razones que motivaron la «severa subida» de la luz durante el periodo de «altísima» demanda que hubo en enero y determinar, principalmente, «si entre ellas se encuentra alguna conducta que pudiera ser contraria» a la normativa protectora de los derechos e intereses de los consumidores y «susceptible de ser calificada de abusiva». También se quiere conocer si la normativa aplicada «pudiera ser contraria a la legislación, principios y directrices de la Unión Europea en materia de protección de consumidores».

Así lo explicó ayer Santos Urbaneja, quien apuntó que el asunto «no es nada sencillo» y que está en sus inicios, pero que pretende dilucidar si se ha actuado conforme a la ley. Además, avanzó que si se llega a poner de manifiesto alguna «contradicción» con la normativa europea, esto provocará una modificación de la legislación en materia de energía y eléctricas, como ocurrió con la hipotecaria.

Santos Urbaneja, que ya consiguió que Gas Natural devolviera a miles de clientes cantidades cobradas indebidamente, detalló que como diligencias iniciales ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y a la Secretaría de Estado de Energía, a través de la Subdirección General de Energía Eléctrica, que informe sobre el sistema de fijación del precio de la luz, que identifique las compañías que intervienen en el proceso, así como los factores que entran en juego y su influencia en la fijación del precio de la luz. También ha pedido información sobre la normativa aplicada y los posibles sistemas alternativos o modificaciones «tendentes a salvaguardar los intereses de los consumidores, especialmente de los más vulnerables por razón de edad y recursos económicos».

ESCRITO DE IU // La investigación se puso en marcha el pasado 20 de enero, cuando el fiscal de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, a instancias del fiscal general del Estado, abrió de oficio diligencias «para conocer las razones de la severa subida» del recibo de la luz en ese mes. Con esa misma fecha delegó la tramitación en el fiscal delegado de la especialidad civil en Andalucía. Estas diligencias, apuntó Santos Urbaneja, tienen carácter civil, no penal, por lo que «se trata de establecer si hay motivo para ejercitar acciones civiles contra las compañías eléctricas».

De otro lado, en esas mismas fechas, un grupo de cargos públicos de Izquierda Unida remitió a la Fiscalía de Sevilla un escrito en el que denunciaba la «elevadísima» subida de la luz en un periodo de gran demanda y solicitaba una investigación al respecto. La Fiscalía Superior de Andalucía consideró que dicho escrito debía ser remitido igualmente a Santos Urbaneja. El escrito de IU ha sido unido, por tanto, a las diligencias en curso «a efectos de investigación civil, sin perjuicio de que los firmantes puedan acudir al órgano competente al objeto de ejercitar acciones penales si lo consideran oportuno», añadió Santos Urbaneja.