La Fiscalía Provincial de Córdoba considera que no hay indicios de delito en la construcción de una parcelación incipiente en suelo no urbanizable, que el Ayuntamiento paralizó el pasado mes de julio. La parcela está en terreno inundable junto a la zona del aeropuerto y tiene más de 18.000 metros cuadrados. El Ministerio Público ha acordado archivar las diligencias de investigación que inició en verano desde el punto de vista penal, al tiempo que ha remitido los informes a la Gerencia de Urbanismo "para seguir con los trámites de las correspondientes sanciones por la vía administrativa". Entretanto, desde la Fiscalía destacaron que la documentación presentada por el Ayuntamiento está "muy completa", al tiempo que valoraron la actuación del organismo autónomo en materia de disciplina urbanística al paralizar dicha parcelación.

El Ayuntamiento abrió los correspondientes expedientes y remitió el caso, además de a la Fiscalía, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y al Registro de la Propiedad, por si intentaban inscribirla, según informaron en agosto el concejal de Urbanismo y Vivienda, Luis Martín, y la concejal de Seguridad, Carmen Sousa, que detallaron que la actuación municipal se llevó a cabo en la primera quincena de julio, tras detectar los agentes del área de Disciplina Urbanística, que "se estaban colocando las vallas para empezar a parcelar".

En concreto, la parcelación, que supone la primera paralizada hace años desde el Ayuntamiento, se sitúa al lado de la parcelación El Aljarafe, un asentamiento urbanístico que se encuentra en el avance de inventario realizado recientemente para el decreto de la Junta sobre este tipo de parcelas, y linda también con el río Guadalquivir. De este modo, el trabajo de los agentes policiales, con distintas fotos y el cerramiento de la parcela, se trasladó a la Gerencia de Urbanismo, que inició los expedientes de disciplina y restauración de la legalidad urbanística, un total de siete, de los que seis son individualizados por distintos cerramientos con vallas que habían hecho los titulares de las parcelas, y uno de ellos a la sociedad limitada agropecuaria El Alcaide, que "vende las parcelas y es el actor principal en la parcelación incipiente", apuntó en la rueda de prensa de julio Martín.

Después, se notificó la "inmediata" paralización de obras, la reposición de "la realidad física alterada", el cese de venta de parcelas y la advertencia de multas coercitivas y sanciones que pueden ir desde 6.000 a 120.000 euros.