Eran Gómez y los suyos demasiado listos o demasiado ingenuos? ¿Demasiado confiados o premeditadamente ignorantes? ¿Habían montado una estructura organizada para defraudar a Hacienda o improvisaron un grupo de sociedades torpemente dirigido con asesores escasamente formados? ¿Son Gómez y los suyos inocentes o culpables de evadir impuestos? Y, en el caso de que lo hicieran «sin darse cuenta», ¿son por ello menos responsables de lo ocurrido? He ahí la cuestión.

El juicio del Estado contra el empresario cordobés Rafael Gómez y sus cuatro hijos está llegando a su fin después de casi una década de proceso y dos semanas de juicio. Concluida la fase de declaraciones y testificales, la penúltima sesión oral tuvo lugar ayer con la presentación de las conclusiones por parte del Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la Defensa, que hoy deberá retomar la palabra antes de que el juicio quede visto para sentencia. El fiscal considera probado en base al informe del perito judicial, que denominó «la prueba reina», que los acusados «diseñaron una estrategia destinada a defraudar a Hacienda» y que hubo «ocultación de datos» y considera que la visión de conjunto que ofrece el juicio permite desmontar la idea de que se cometieran «errores» por darse de forma reiterada hasta llegar a defraudar 53 millones de euros. El fiscal rechaza además la tesis de la «ignorancia y confianza ciega» empleada por Gómez como defensa y afirma que hubo «ignorancia deliberada» en el acusado porque «quien no quiere conocer pudiendo hacerlo acepta lo que está pasando». Y recuerda que, en cualquier caso, la ignorancia de la ley «no exime de su cumplimiento». El fiscal reiteró la petición de 40 años para Gómez y 19 años y 3 meses para cada uno de sus hijos (por 3 y 10 delitos de evasión de impuestos respectivamente) recalcando que no hay circunstancias atenuantes porque «no ha habido esfuerzo reparador» y por el grave daño causado a la colectividad: «53 millones de euros equivale a una sexta parte del presupuesto anual del Ayuntamiento de Córdoba y a 120 kilómetros de autovía». Tras la exposición del fiscal, la Abogacía del Estado, personada como acusación, coincidió con el fiscal en la petición de pena y concluyó que Gómez y sus hijos obtuvieron beneficios eludiendo el pago de impuestos «cometiendo errores y olvidos de millones de euros».

LA DEFENSA // Por su parte, la defensa de Gómez y de las sociedades implicadas inició su intervención recordando su intención de pedir la «absolución y ausencia de responsabilidad de las partes acusadas». En esta línea, rechazó para empezar que la familia hubiera montado un entramado para defraudar y consideró que la visión «de conjunto» que propuso el fiscal no está justificada puesto que «no es un juicio contra todas las empresas de Rafael Gómez sino a tres de ellas». En su opinión, «todo eso de que hay una estructura montada para hacer cosas raras es una ficción que no responde a la realidad». A partir de ahí, la defensa reiteró en numerosas ocasiones la palabra «incoherencia» al referirse al procedimiento seguido por la Agencia Tributaria y al testimonio del perito judicial («la prueba reina» para el fiscal), un testimonio que para la defensa «no tiene valor como prueba» puesto que el perito «realizó su informe sin conocer ni un solo documento».

Tras admitir en varias ocasiones que efectivamente se cometieron errores por parte de los acusados y sus asesores a la hora de tramitar el pago de impuestos aunque «no todos les beneficiaron sino que también hay errores que le causaron un perjuicio económico», el abogado de la defensa recalcó que «en ningún caso hubo ocultación de datos» y que las empresas de Gómez «cumplían todos y cada uno de los requisitos que exigía la ley». La parte que representa a Gómez se refirió también a la supuesta ignorancia del presunto defraudador e indicó que «para que exista delito tiene que haber una conducta voluntaria y deliberada de impago» y que «ni mucho menos se puede imputar intención o interpretación maliciosa de la norma a un hombre que no ha leído un libro en su vida». Hoy será el turno de los abogados de los hijos del empresario.