Una familia ha denunciado al Defensor del Pueblo andaluz que el colegio Torre Malmuerta se niega a atender a su hijo Francisco, de 10 años, en sus necesidades educativas especiales, ya que está afectado por una enfermedad rara, una distrofia muscular de Duchenne, y necesita ayuda para su movilidad por el centro. La madre del niño, Rosa García del Rosal, que además es presidenta de la Red de Padres y Madres Solidarios (Remps), denunció ayer a las puertas del centro la situación, apoyada por miembros de este colectivo. Posteriormente, los padres se reunieron en la Audiencia Provincial con una fiscal que, después de repasar la documentación aportada por ellos, les comunicó que «requerirá al CEIP Torre Malmuerta información sobre las actuaciones que se han llevado a cabo respecto al menor, por si se hubieran inculcado sus derechos y fueran constitutivos de delito», según informaron en un comunicado. En tanto no se garantice la seguridad física del menor, los padres han decidido no llevarlo al colegio, al tiempo que han pedido ayuda pública para encontrar voluntarios que estén dispuestos a acompañar al niño en el centro escolar para que no quede aislado.

Rosa García explicó que su hijo tiene una enfermedad rara por la que necesita ayuda para sus desplazamientos, algo que hasta ahora ha hecho ayudado por monitores del colegio. Sin embargo, este pasado lunes, la directora, «en el pasillo del colegio, de muy malas formas», le comunicó que no podían seguir atendiendo a su hijo, y le indicaban que usara silla de ruedas. «Nos da dos opciones, o llevarme a mi hijo a mi casa y me informa de que hay un recurso de que la Junta de Andalucía me manda un profesor durante tres horas o que utilice una silla de ruedas», aseguró la madre.

Rosa García insiste en que su hijo Francisco puede andar con ayuda, y no tiene prescrita una silla de ruedas porque «necesita ejercitar los músculos del cuerpo, de los contrario se producirían contracciones, espasticidad, calambres y dolores musculares». Según la madre, «la directora nos dice que los monitores se niegan a desplazarlo porque según la prevención de riesgos laborales no pueden levantar 30 kilos». La madre requiere que se le presente por escrito todo y asegura que en aquella reunión «tuve un trato vejatorio, me sentí acosada y llamé a la policía».

Ayer también tuvo que acudir la policía tras un altercado entre el asesor de la Red de Padres y Madres Solidarios y el inspector de Educación que se encontraba en el centro. La Delegación de Educación se limitó a emitir un comunicado en el que asegura que el menor está «siendo atendido según su dictamen de escolarización y recomendaciones médicas», pero recuerda que «los monitores tienen unas funciones concretas, no son rehabilitadores, y esta Delegación sigue y respeta lo que dictamina la norma». Asimismo, señala que «el centro tiene todos los recursos técnicos y humanos para atender a este niño». Por su parte, el diputado andaluz de Podemos, David Moscoso, pidió explicaciones a la delegada de Educación, que «no puede esconder la cabeza ante una vulneración de derechos tan grave como esta, negando la evidencia del abandono del menor».