El exdelegado de Empleo en Córdoba Antonio Fernández y la exdirectora general de Formación de la Junta María José Lara, detenidos el martes en Pozoblanco y Lucena, respectivamente, en una operación relacionada con el fraude en cursos de formación financiados por la Junta, quedaron ayer en libertad con cargos tras comparecer ante la jueza Mercedes Alaya, que investiga posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. Lara, que el miércoles fue la primera en pasar a disposición judicial y se acogió a su derecho a no declarar, quedó en la madrugada de ayer "en libertad provisional sin fianza" con la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, según el auto de la magistrada al que tuvo acceso este periódico. La Fiscalía Anticorrupción solicitó para ella una fianza civil de más de un millón de euros. La que fuera directora general de Formación entre 2008 y 2009, y concejal de Lucena, recordó ayer que el asunto se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que declinó hacer declaraciones. De su lado, Antonio Fernández pasó a disposición judicial a última hora de la tarde de ayer y como Lara se acogió a su derecho a no declarar.
Además de Fernández y Lara, la jueza también ha dejado en libertad con cargos a otros 10 de los 16 detenidos en la misma operación --hoy pasarán a disposición judicial los otros cuatro--, entre los que figuran una decena de altos cargos o exaltos cargos de la Junta de Andalucía. Así, ayer quedaron en libertad la hasta el martes delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Sevilla Aurora Cosano; la exdelegada de Empleo en Granada y actual directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, Marina Martín Jiménez, cuyo abogado defendió su "absoluta inocencia"; la exdelegada de Empleo en Almería Francisca Pérez Laborda, y la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas), en Málaga, María de la O Ustarán, para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza civil de más de seis millones de euros. Estas cuatro detenidas se acogieron a su derecho constitucional a no declarar.
También en la madrugada de ayer la instructora dejó en libertad con cargos a la exdirectora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta María Teresa Florido; a la exdelegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete y a la ex directora gerente del consorcio Formades, en Almonte (Huelva), Ana María Orihuela. Anoche quedaron en la misma situación los exdelegados de Empleo en Sevilla Antonio Rivas; el de Cádiz Juan Manuel Bouza y el delegado de Huelva hasta el martes, cuando fue cesado, Eduardo Muñoz García.
Según fuentes judiciales, a la operación se le ha denominado Barrado en referencia al nombre que recibe un documento contable de la Junta, que anula el importe de otro documento.
