Un total de 1,9 millones de hogares en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, están formados por familias monoparentales y el 81% de ellos tiene al frente a una mujer. Se trata de un modelo que no tiene una definición legal clara, al contrario de lo que ocurre con las familias numerosas, y que figura en todos los estudios como una masa social heterogénea especialmente vulnerable por tener, normalmente, una única fuente de ingresos. Así lo indica la técnica de empleo de Cruz Roja en Córdoba, Clara Gutiérrez, quien asegura que «con un solo sueldo difícilmente se puede hacer frente al gasto de la vivienda, la alimentación, la crianza...». Además, apunta que las personas que sostienen su casa en solitario «tienen muy complicado conciliar la vida laboral con la familiar, y por eso suelen acceder a puestos de trabajo a medias jornadas y con sueldos más bajos».
Los hogares monoparentales están formados por una persona adulta con uno o más hijos a su cargo, y tienen en su origen realidades muy diferentes, como el fallecimiento de la pareja, una ruptura o la elección individual de asumir en solitario la maternidad. Según el último informe Foessa elaborado por Cáritas, mientras que la exclusión social afecta al 21,9% de las familias de forma global, este porcentaje se eleva al 34% de los hogares monoparentales cuya sustentadora principal es una mujer. «Su realidad es bastante complicada», manifiesta la técnica de Cruz Roja, quien afirma que la mayoría de mujeres que acuden al programa Puentes hacia el empleo que tiene en marcha su organización en Córdoba, son mujeres que mantienen a su familia en solitario.
A finales del pasado año, la Fundación Adecco presentó un informe llamado Monomarentalidad y empleo para el que entrevistó a casi medio millar de mujeres. La mitad de ellas estaban en paro o trabajaban en negro; el 65% tenía dificultades para llegar a fin de mes; tres de cada cuatro había tenido que reducir gastos fijos en casa y el 37% no podía mantener el hogar a una temperatura adecuada. Pero solo un tercio recibía algún tipo de prestación, mientras que el 67% ya había agotado todas las posibles ayudas. El desempleo tiende a cronificarse: el 53% superaba los dos años en paro mientras que un 16% llevaba entre uno y dos años en esa situación. Son datos nacionales, pero bien podrían asimilarse a la realidad de la provincia. «Son personas más propensas a la exclusión social porque, entre otras cosas, no tienen acceso a los mismos recursos y en ocasiones están estigmatizadas», indica Clara Gutiérrez.
En el aire hay muchas preguntas relativas al tratamiento de este tipo de familias, entre ellas si es más lógico establecer aproximaciones de discriminación positiva, como las que se aplican a otros grupos de población, o si por el contrario hay que atender a la renta de cada familia y actuar en consecuencia. Por ejemplo, las familias con uno solo de los padres tienen evidentes dificultades para gestionar la educación de los hijos, puesto que el sostén económico de la familia tiene que trabajar; y las estadísticas demuestran que las familias monoparentales tienen un mayor perfil hacia las rentas bajas y la pobreza, precisamente porque no hay posibilidad de duplicar los ingresos en la cabeza de familia en la mayoría de los casos. De cualquier modo, tampoco cabe excluir la posibilidad de unidades monoparentales con elevados ingresos. Por lo tanto, el procedimiento más ajustado, según muchas voces, debería ser la medición de la renta.
Cada autonomía legisla en función de sus necesidades, por lo que esta misma semana, la portavoz del PSOE en la comisión de Igualdad y Bienestar Social del Parlamento de Andalucía, Soledad Pérez, ha reclamado al Gobierno central una ley estatal que reconozca a las familias monoparentales, que en Andalucía ascienden a 366.200, lo que supone el 20% del total nacional. Pérez insiste en que dicha ley estatal debe permitir que las unidades monoparentales «puedan acceder a los beneficios tributarios y sociales en igualdad de condiciones que otras familias y siguiendo la línea de las medidas adoptadas por la Junta».
En Andalucía, según ha recordado la parlamentaria por Córdoba, hace tiempo que se protege a este tipo de familias con diferentes medidas, entre las que ha destacado, en el ámbito educativo, que «a la hora de elegir centro escolar se puntúa la monoparentalidad con dos puntos en el primer ciclo de Educación Infantil y se mantiene la gratuidad para aquellas familias cuya renta per cápita es inferior al 0,5 por ciento del Iprem, y en el caso de las monoparentales para el 0,75 por ciento». Igualmente y en el tramo autonómico del IRPF, en la comunidad se contempla la deducción de 100 euros para las familias monoparentales y, si se convive con familiares de más de 75 años, se incrementa con 100 euros más por cada uno de ellos. El PSOE reclama, según Pérez, que «las familias monoparentales accedan a los beneficios tributarios y sociales en igualdad de condiciones que otras familias».
