La Asociación El Defensor del Paciente informó ayer en un comunicado que «una familia cordobesa (madre e hijos) se ha librado de pagar sendas facturas que le reclamaba el Servicio Andaluz de Salud, por el tratamiento médico y farmacológico prestado a su padre mientras fue atendido en el hospital Reina Sofía, centro donde falleció. Además, ante el impago por su difícil situación económica, a esta familia el SAS le embargo bienes». Según esta asociación, el abogado de El Defensor del Paciente, que ha representado a esta familia, presentó «varias reclamaciones contra el SAS y Asisa para intentar evitar dicho pago, teniendo que acudir finalmente a los tribunales, por el conflicto de competencias entre esta aseguradora y el SAS, que suponía que exigieran el pago de las facturas a dicha familia (herederos del fallecido)».El juzgado de lo contencioso administrativo número 7 de Sevilla ha dictado sentencia, tramitada por los servicios jurídicos de El Defensor del Paciente, «ordenando que dichas facturas no deben ser pagadas por la mujer e hijos del fallecido, sino por Asisa, y que el SAS debe poner las facturas a nombre de esta aseguradora para que esta las pague». Esta asociación resalta que «las facturas que la sanidad pública andaluza reclamaba eran de 4.675 euros y 1.895 euros, habiendo llegando a embargar cuentas de esta familia». «Como el fallecido estaba asegurado por Asisa, el juzgado ha acordado que dichas liquidaciones sean anuladas y se procedan a emitir nuevas facturas a nombre de la aseguradora, para que sea abonada por esta compañía», expone El Defensor del Paciente.

El abogado Damián Vázquez lamenta que «se haya obligado a los perjudicados a pleitear, que se les hayan embargado cuentas y que lo hayan pasado tan mal. Se trataba de una urgencia vital, ya que la asistencia médica estaba derivada de un problema grave de salud que necesitaba ingreso hospitalario y medicamentos». Además, según El Defensor del Paciente, «Asisa indicó que este enfermo necesitaba valoración para un posible trasplante hepático, que se tenía que hacer a través del SAS, que fue quien lo realizó».