El presidente de la organización de consumidores Facua, Francisco Martínez Claus, pidió ayer a la Junta de Andalucía que se persone como acusación en el caso del fraude de la cadena de clínicas odontológicas Idental, algo que ya ha hecho la organización que preside, que ya ha solicitado personarse en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional. Aunque los hechos se han tipificado inicialmente como un delito de estafa continuada, pueden adherirse también los de apropiación idebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones y delito contra la salud pública, según el juzgado.

Además, reclamó al Gobierno andaluz que se vincule más en el caso y facilite la información que desde la organización se viene solicitando sobre este asunto, como es el caso de conocer quiénes eran los odontólogos que prestaban sus servicios en la compañía, algo que es obligatorio tener a disposición de los clientes, según indica la normativa que regula la actividad. Además, estas informaciones son fundamentales a la hora de conceder autorización para poner en marcha una clínica dental. Asimismo, critica Facua que desde la delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, «con María de los Ángeles Luna al frente, no se haya verificado desde 2015 la existencia del seguro de responsabilidad civil de la clínica Idental en la capital cordobesa, dejando, de esta manera, a los afectados en absoluta indefensión ante cualquier indemnización por daños y perjuicios».

Facua presentó ayer en el registro de entrada de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba unos cien expedientes de denuncias dirigidas a la Dirección General de Consumo en las que se «insta a la Administración autonómica al esclarecimiento de los hechos ocurridos en el caso de la clínica Idental”.

Francisco Martínez explicó que el equipo jurídico de Facua Córdoba, «ante las irregularidades cometidas por Idental y el cierre de la clínica en Córdoba el pasado 22 de junio, ha tramitado ya más de un centenar de reclamaciones ante distintas entidades financieras para que paralicen el cobro de los tratamientos, devuelvan la totalidad o una parte de las cantidades abonadas por los usuarios». Desde finales de junio, la asociación ha conseguido resolver de manera favorable más del 15% de las reclamaciones tramitadas en defensa de los afectados, algunas de ellas superiores a los 6.000 euros.

Por su parte, la Junta ha solicitado a los juzgados la custodia de las historias clínicas de las personas afectadas por el cierre de las clínicas. Así, indican, los afectados tendrán acceso a sus documentación en los procesos iniciados.