La asociación de consumidores Facua ha presentado hoy más de 80 denuncias contra 14 bancos por hacer recaer la totalidad de los gastos por constitución de hipoteca en el consumidor, a pesar de que la normativa obliga a repartirlos, y pide sanciones proporcionales al abuso. El presidente de Facua Córdoba, Francisco Martínez Claus, ha entregado esta mañana los escritos dirigidos a la Dirección General de Consumo en el registro de entrada de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Las entidades denunciadas, según Facua, son Banco Popular, BBVA, Cajasur, Caixabank, Unicaja, Banco Santader, Ibercaja, BMN, Liberbnak, UCI, Bankia, Banco Sabadell, Evo Banco y Caja de Arquitectos. “Con esta acción, la asociación pretende informar a la Junta de Andalucía del carácter abusivo de los gastos de constitución de hipoteca que cobran estos bancos”, indica Martínez Claus.

En este sentido, Facua recuerda que los gastos de constitución de hipoteca ya han sido declarados nulos por el Tribunal Supremo (sentencia 705/2015, de 23 de diciembre), por atribuir en exclusiva al consumidor, en la mayoría de los casos, todos los gastos, tributos y comisiones derivados del otorgamiento de escritura pública de préstamo hipotecario. Martínez Claus recuerda que esta decisión de las entidades financieras van contra el artículo 89.3 del real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que destaca, entre las cláusulas abusivas, "la imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al empresario".

El presidente de Facua asegura que esta cláusula “ocasiona al consumidor un perjuicio, ya que produce un desequilibrio relevante por no haber sido aceptada en el marco de una negociación individualizada fruto de la concertación y desarrollo del contrato. Por este motivo, el Tribunal Supremo determinó la nulidad”. Además, denuncia la negativa de estas entidades bancarias a abonarle al consumidor los gastos impuestos en su día. Por ello, “pedimos a las autoridades competentes sanciones proporcionales al abuso cometido por las entidades y medidas reguladoras y de inspección para que estas prácticas no vuelvan a repetirse”.