A las puertas del debate parlamentario por el proyecto de ley que desarrolla el decreto sobre moratoria en las ejecuciones hipotecarias, el asesor del Banco de España Julio Rodríguez propone "la mejora" de este tipo de procedimiento, "la ampliación de código de buenas prácticas" y modificar el proceso concursal aplicado a los hogares, que ahora mismo "no es el adecuado".
En la mesa redonda Una mirada a los desahucios, análisis y perspectivas del conflicto , organizada por la asociación Futura en la casa ciudadana de Lepanto, Rodríguez recordó que a la crisis derivada de la burbuja inmobiliaria se suma "el alto desempleo y todo ello da lugar a que la morosidad hipotecaria haya crecido de forma espectacular"
Además, subrayó que el apartado de la Ley Concursal relativo a las familias "no resuelve el problema", por lo que se hace preciso "un procedimiento de mediación y que incluso el juez pueda suspender una ejecución". También apostó por "recortar los intereses de demora y las costas" y que "el valor por el cual se queda el acreedor con la vivienda se acerque a la dación en pago", a la vez que advirtió que "todo esto tiene sus consecuencias sobre el sector financiero".
El juez de Primera Instancia Víctor Escribano señaló que "a nivel judicial se detectan una serie de problemas muy graves que requieren la intervención del legislador", pues considera que "se están cometiendo abusos" en materias como los intereses de demora (al 29%). Esta situación hace que "el consumido tenga poco medios dentro del procedimiento hipotecario" y de ahí que aconsejara "establecer cláusulas obligatorias que se puedan seguir en el juzgado" relativas a los intereses o los vencimientos anticipados.
Los casi 2.500 procedimientos hipotecarios --"que en época de bonanza económica suponían algo residual"-- que se han seguido en los últimos cuatro años Córdoba han hecho que los juzgados "se resientan muchísimo" por el "volumen inmenso" de estos asuntos, "que se han cuadruplicado". También expuso este magistrado que "nadie se ha podido acoger a la suspensión" que se contempla en la moratoria aprobada el año pasado por el Gobierno "por los requisitos que se establecen".
