El Gobierno afirma que la sentencia europea que considera que las exenciones fiscales a la Iglesia Católica «pueden constituir ayudas estatales prohibidas» si se otorgan en relación con actividades económicas, es compatible con la legislación española, y no ve necesaria su modificación o anulación.

El Ejecutivo responde así al diputado del PSOE, Antonio Hurtado, que en una pregunta parlamentaria pide una evaluación de las consecuencias de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) «que prohíbe las exenciones fiscales a la Iglesia católica si se otorgan para actividades económicas y no para las estrictamente religiosas». Asegura el Gobierno que la sentencia del TJUE no considera que la normativa sobre la exención de impuestos a favor de la Iglesia sea contraria al derecho comunitario, «por lo que no es necesaria su modificación o anulación».