El grupo municipal Ganemos presentó ayer las conclusiones de un informe realizado por la Unidad de Investigación Etnocórdoba de Estudios Socioculturales y coordinado por el profesor José María Manjavacas, de la Universidad de Córdoba, que pretende poner el foco en la situación de decenas de familias cordobesas que han optado por «convertir un inmueble vacío propiedad de un banco en una vivienda», una práctica denominada por el investigador realojo en lugar de ocupación en base al perfil socioeconómico de quienes lo hacen. El estudio, que analiza 60 casos que engloban a 165 personas en riesgo de exclusión social y emergencia habitacional, pretende servir como base científica para adoptar medidas que sirvan para paliar esta realidad.

Según Manjavacas, la mayoría de las familias estudiadas son parejas jóvenes con menores a su cargo o mujeres que componen unidades monoparentales que en un amplísimo porcentaje (94%), cuando son personas en edad de trabajar, son parados de larga duración. El 75% de estas personas no tienen ingresos y, cuando los hay, salvo contadas excepciones, apenas llegan a 500 euros mensuales. «El realojo empieza por la entrada irregular a los pisos, a veces con ayudas de terceros, y con el objetivo final de negociar con el banco propiedad de los inmuebles un alquiler social». Según los datos aportados, más de la mitad de las personas que viven en esta situación tienen abierto un proceso judicial y casi un 7% tienen fecha de desalojo. Un 16,6% ha logrado negociar un alquiler social y un 20% una dación en pago. De las 60 familias estudiadas, 12 viven en un piso que antes pagaban como propietarios y que perdieron por la crisis, quedando en manos del banco. El resto son familias que proceden de la calle, de otros alquileres o desahucios y que al no poder pagar un alquiler normal, optan por la ocupación de pisos vacíos «siempre propiedad de algún banco», insistieron en la presentación.

La habitabilidad de estas viviendas no está garantizada, ya que muchas presentan, según Manjavacas, conexiones irregulares de luz, aunque «desde principios de año tienen garantizado por el Ayuntamiento el mínimo vital de agua y pueden empadronarse». Rafael Blázquez, concejal de Ganemos, explicó que el informe ha sido realizado por encargo «con el fin de tener datos que nos permitan ser conscientes de la situación de estas familias y tener argumentos para exigir a las entidades financieras que pongan a disposición del Ayuntamiento todas las viviendas vacías de su propiedad». Blázquez también pidió refuerzos de personal para la Oficina de la Vivienda.