Más de un centenar de personas se concentraron ayer en la puerta de la Delegación de Educación de Córdoba para protestar contra el nuevo decreto ley sobre Educación Infantil aprobado por la Junta de Andalucía. Según la plataforma Escuelas Infantiles de Andalucía, el nuevo modelo de financiación propuesto por la Junta supone una subida presupuestaria del 3,7%, lo que consideran «insuficiente», pidiendo que este aumento se aproxime a un 12% «para equiparar los gastos».
La coordinadora de la plataforma, María del Rosario de la Peña, insistió ayer en que esta normativa conllevaría una «guerra de precios» entre los centros, ante lo que solicitan un «precio único y actualizado», ya que, según de la Peña, el costo base en las escuelas infantiles, fijado actualmente en 278,80 euros es «injusto», estando «congelado» desde el año 2009. Del mismo modo, la coordinadora insta a Susana Díaz a que «vele por la Educación», puesto que «la base del sistema educativo actual está en las escuelas infantiles». Además, desde Escuelas Infantiles Unidas de Andalucía solicitan «igualdad con el segundo ciclo de Infantil», ya que «ninguno de los dos ciclos son de carácter obligatorio».
A esta petición se ha unido la coordinadora de Educación del PP de Córdoba, Luisa María Arcas, quien anunció ayer que el grupo popular pedirá en el Parlamento de Andalucía la retirada del nuevo decreto ley de la Junta, mediante el debate de una proposición no de ley de los populares, con el objetivo de «mantener el decreto actual en el próximo curso».
Por el contrario, la Junta de Andalucía afirma que esta norma permitirá aumentar en 12.000 las plazas ofertadas para menores de tres años en el próximo curso, así como situar en 43.000, 7.500 más, la cifra de alumnos de cero a dos años con acceso gratuito a esta prestación «esencial para el éxito educativo y la conciliación laboral y familiar». Del mismo modo, este decreto permitirá, según la Junta, que cualquier centro público o privado autorizado pueda adherirse al programa de ayudas previsto.
