Los empresarios y sindicatos se han cansado de esperar y quieren que la Junta dé una solución inmediata al Palacio de Congresos. El presidente de la Confederación de Empresarios (CECO), Antonio Díaz; el presidente de la Cámara de Comercio, Ignacio Fernández de Mesa; el secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares; y el secretario general de CCOO, Rafael Rodríguez, han firmado un documento, que presentarán hoy en el registro de entrada de la Delegación del Gobierno de la Junta, para exigir «una solución urgente y definitiva ante la carencia de infraestructuras congresuales en Córdoba». Según el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, los firmantes consideran que «Córdoba necesita disponer con carácter excepcionalmente apremiante del Palacio de Congresos», por lo que ruegan a la Consejería de Empleo «una solución ¡ya!».

Esa solución debe llegar «en un plazo razonable». Es más, empresarios y sindicatos quieren que febrero sea el mes en el que la Junta presente «una hoja de ruta y un planning de ejecución para la puesta en uso» del Palacio de Congresos. Pero no solo eso. Esa solución debe contemplar también «la gestión», para «no volver a repetir la eternización de la puesta en valor del espacio», que debe resolverse «de forma paralela» a la paralización de las obras. Empresarios y sindicatos exigen a la Consejería de Empleo «responsabilidad» y «un compromiso real con la ciudad».

En el documento, los firmantes denuncian «el incumplimiento continuo de los plazos», que llevan a una «situación límite y dramática». Empresarios y sindicatos aseguran que el Palacio de Congresos es «un lugar privilegiado» que a día de hoy no se puede usar a pesar de que los presupuestos de la Junta recogen una partida para acometer las obras y ponerlo en uso. CECO, la Cámara, UGT y CCOO advierten de los «miles de euros y cientos de empleos» perdidos por la ausencia de congresos y de la imposibilidad de organizar eventos antes del 2018. Añaden que «llevamos años rogando una solución definitiva» con reuniones de todo tipo, por lo que consideran que «la vía del diálogo la hemos ejercicio», así como la de «la protesta pacífica y la denuncia continuada», y que, a pesar de ello, «todo continúa igual. A juicio de los firmantes, «el incumplimiento sistemático de los plazos dados por la propia administración pública» supone «una insultante falta de respeto para la actividad empresarial».