La junta de gobierno local aprobó ayer por la vía de urgencia requerir a la empresa adjudicataria del proyecto de rehabilitación del convento Regina que comparezca el jueves próximo, día 7, en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), para formalizar el correspondiente acta de comprobación de replanteo. El gobierno municipal advierte expresamente a la empresa, Construcciones y Desarrollos Tudmir S.L. que de no comparecer, el Ayuntamiento iniciará «los pertinentes expedientes administrativos tendentes a la reclamación de daños y perjuicios» que pudieran ocasionarse. Asimismo, se le advierte de que se le incautaría la garantía constituida en su día.
El jueves próximo será la segunda vez que se fija una fecha para el replanteo de la obra, después de que el día 16 de mayo la empresa no se personara en ese acto y en su lugar enviase un escrito al Ayuntamiento lamentando que no se hubiera dado inicio a la obra y culpando de ello al Consistorio cordobés. Desde entonces, y aunque la adjudicataria no se ha pronunciado públicamente, todo apuntaba a que tenía intención de rescindir el contrato. Fuentes municipales indicaron entonces que el retraso del inicio de la obra se había debido a la tardanza de la constructora en presentar el plan de salud y seguridad laboral.
La obra del convento Regina, que se adjudicó el 16 de marzo por un precio de 562.468 euros, incluye la limpieza, consolidación y puesta en valor de la antigua iglesia del convento, que ha albergado distintos usos a lo largo de su historia. El proyecto se enmarca en el Plan Turístico de Grandes Ciudades, que ha sido prorrogado ya en dos ocasiones.
La rehabilitación, a la que se presentaron siete empresas, salió a concurso a finales de septiembre por un precio de 712.283 euros (de los que 214.941 se iban invertir en 2017 y 497.341, este año), por lo que la empresa adjudicataria presentó una oferta a la baja de un 21% e incluía mejoras de un 10% (se produjo un ahorro de 149.815 euros).
Por otro lado, la junta de gobierno local aprobó varios contratos de gestión encabezados, por cuantía económica, por la compra de un sistema de seguridad informática para 1.500 puestos de trabajo, por un importe de 163.337 euros (tres años prorrogables otros tres); un contrato para el suministro de vestuario, calzado y complementos para la Policía Local, por 124.995 euros; el el suministro de material impreso para el Ayuntamiento, por 88.000 euros, y el acuerdo con la entidad Veiasa para la prestación de la Inspección Técnica de Vehículos a la flota municipal, por 67.590 euros. Además, la junta de gobierno local aprobó un nuevo convenio con la Fundación Rais, de 152.992 euros, y la aprobación de las cuentas justificativas de Sadeco por valor de un millón de euros.
