Alrededor de medio centenar de vehículos se unieron ayer a la caravana reivindicativa organizada por la Plataforma de Empleados Públicos en Córdoba para protestar contra la ley de ordenación de la función pública aprobada por la Junta de Andalucía. Desde hace más de un año este colectivo viene denunciando la reforma impulsada por la Administración andaluza al considerar que se producirá la entrada de unos 30.000 trabajadores sin que hayan accedido a través de los sistemas establecidos por el estado de derecho para ser empleado público.
El portavoz de la citada plataforma, José María Herrera, advirtió ayer de que solo en Córdoba se "beneficiarán" unas dos mil personas de la norma impulsada por el Gobierno andaluz. Herrera exigió a la Junta que acate las cinco sentencias que se han dictado contra esta regulación y que reconozca "que se ha equivocado". "Si los ciudadanos tenemos que cumplir las sentencias, pedimos que la Junta la ejecute porque si no entraría en un proceso que no quiero calificar", añadió. No obstante, reconoció que esto será difícil, por lo que dijo que están dispuestos a llegar al Tribunal Supremo.
El portavoz de la plataforma hizo un llamamiento al presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, para que "cumpla por escrito lo que dice" sobre la derogación del decreto ley, porque "ya no nos fiamos tampoco de sus palabras". Por eso, pidió a Arenas que diga lo que hará con las agencias públicas creadas por la Junta y con el personal externo. Hasta el momento se han dictado cinco sentencias en las que se paraliza la aplicación de la ley y, según dijo Herrera, se esperan otras dos más. "Las sentencias dicen contundentemente a la Junta que se salta los principios fundamentales de la Constitución, que es el acceso a la administración pública mediante lo establecido en ella", añadió el portavoz de la plataforma. Por ello, culpó al Gobierno andaluz de haber creado la situación actual y solicitó que se retorne a la situación anterior. Incluso, advirtió del problema que se planteará a las arcas públicas por la incorporación de 30.000 empleados más.
