El Colegio de Abogados de Córdoba está dispuesto a cumplir el acuerdo que tomó el pasado mes de noviembre su junta de gobierno y el día 15 de enero dejará de prestar el servicio de orientación jurídica a causa de la deuda que mantiene la Junta de Andalucía con este colectivo de profesionales del Derecho. Así lo ha reiterado a este diario el decano, José Luis Garrido, quien ha añadido que el día anterior se reunirán los representantes de los once colegios andaluces en Antequera para coordinar actuaciones.
A esta situación se llega por el incumplimiento del calendario de pagos acordado con la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, la rebaja impuesta en los baremos de las minutas del turno de oficio y que la Administración ha reducido la partida destinada al mantenimiento de la estructura del turno de oficio --personal administrativo, gastos de oficina, etcétera-- en un 50% y también debe las cantidades correspondientes al 2011. La Junta debe dos millones de euros, según el Colegio de Abogados. Todo ello ha llevado a reajustar el servicio de guardia, que ha perdido desde el uno de enero un letrado por día.
Garrido anuncia que a partir del martes próximo los abogados solo atenderán aquellos casos que supongan una lesión de los derechos fundamentales, como la asistencia al detenido.
OTROS FRENTES La abogacía tiene abiertos otros frentes y uno de los más preocupantes son las tasas judiciales. El Consejo General de la Abogacía, junto a siete asociaciones de jueces y fiscales, los secretarios judiciales, los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y USO y varias asociaciones de consumidores --hasta un total de 18 colectivos--han constituido la plataforma Justicia para Todos, que se opone a esta medida puesta en marcha por el Gobierno. A mediodía del 12 de diciembre pararon durante una hora la actividad judicial.
Un sondeo de Metroscopia desvela que el 83% de los españoles piensa, de entrada, que no puede haber razones que justifiquen el pago previo de una tasa por acudir a la Justicia, y un porcentaje similar (79%) cree, en todo caso, que las tasas que establece la nueva ley son excesivas.
