Las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, tienen 6 meses para decidir, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una medida que afectaría de lleno, en caso de aprobarse, a los enfermos renales y oncológicos, más de mil cordobeses. Se trata del posible copago del traslado no urgente en ambulancia y taxi de estos pacientes a los centros en los que se someten a diálisis o reciben quimio y radioterapia. También repercutiría en aquellos enfermos que son transportados para recibir rehabilitación. El portavoz del PP en la comisión de Sanidad del Senado, el cordobés Jesús Aguirre, señala que el real decreto de medidas urgentes para garantizar el Sistema Nacional de Salud, publicado en el Boletín Oficial del Estado, recoge que el Ministerio de Sanidad no es quien acuerda este posible copago, si no que será una decisión de todas las regiones que integran el consejo interterritorial, por lo que cabría la posibilidad de que Andalucía, por ejemplo, decidiera por su cuenta mantener la gratuidad de esta prestación. Precisamente, la Consejería de Salud andaluza ha expresado su rechazo al posible copago en esta materia. Según la Junta, un transporte en ambulancia puede costar 60 euros diarios. Ante esta crítica, Aguirre señala que las comunidades autónomas deben tener en cuenta que son las que han acumulado una deuda sanitaria de 15.000 millones, de la que 2.800 corresponden a Andalucía, por lo que lo razonable sería que los recursos y los servicios sanitarios que se presten desde cada región sean equitativos y que también que los ciudadanos, sin depender de la ciudad en la que vivan, ayuden a cofinanciar el gasto sanitario, siempre partiendo de criterios como la renta, y atendiendo a la gravedad de su patología o necesidad social.

Acerca de la posibilidad de que en unos meses el transporte no urgente de enfermos deje de ser gratuito como hasta ahora, el presidente de Alcer, José María Reifs, señala que más de 450 cordobeses son trasladados, algunos a diario, a centros de diálisis, con cargo al sistema sanitario público. A Reifs le parece "intolerable, injusto y perfectamente evitable" el posible copago del transporte sanitario no urgente, a pesar de entender la situación económica actual y la necesidad de recortar en gastos. Tanto el presidente de Alcer como la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba, María Luisa Cobos, entienden que antes de adoptar la medida unilateral de obligar al paciente renal u oncológico a costear parte de su traslado podrían adoptarse medidas para racionalizar lo que cuesta este servicio. Reifs resalta que "los pacientes renales son enfermos crónicos que en su mayoría subsisten con la pensión mínima y tienen un difícil acceso al mercado laboral, por lo que además de tener que pagar más por los medicamentos, no pueden asumir el copago de su traslado para ir a diálisis". Por su parte, Cobos añadió que, si se llegara a aprobar esta medida, debería tenerse en cuenta la renta del enfermo de cáncer y excluir de este hipotético copago a quien no pueda asumirlo.