El gobierno municipal ha encomendado la defensa y representación de la Corporación al bufete Mariano Aguayo Abogados para ejercitar acciones administrativas y judiciales por la designación de San Sebastián como Capital Europea de la Cultura 2016, una acción que han criticado los grupos de la oposición al no contar con la asesoría jurídica municipal.
En declaraciones a los periodistas, el portavoz del equipo de gobierno, Miguel Ángel Torrico (PP), ha considerado que delegar el recurso a dicho bufete "es la forma más operativa", porque "va a suponer cero euro de coste para el Ayuntamiento, puesto que el despacho se ha ofrecido a hacerlo de forma altruista y gratuita".
Así, ha recordado que este jueves "se cumple un mes del fallo y creemos importante presentarlo en este momento porque el plazo computa desde que se hizo público". Dicha propuesta la ha presentado el Grupo Municipal Popular, consiguiendo el respaldo mayoritario con sus votos.
En cuanto a los grupos de la oposición, la viceportavoz de Unión Cordobesa (UCOR), Aurora Aguilar, ha mostrado su disconformidad por el hecho de que lleve el asunto el despacho referido y ve "más legitimado" que sean los servicios jurídicos municipales quienes se hagan cargo del recurso.
Asimismo, el portavoz de IU, Francisco Tejada, ha recordado que "todos los temas de Capitalidad se habían llevado por unanimidad" y, reprocha, "ahora se convierte en una solicitud de un despacho privado para que el Ayuntamiento se adhiere a un teórico recurso de ese despacho".
Al respecto, ha matizado que por el escrito que el despacho ha realizado al Consistorio, "se deduce que el recurso todavía no está presentado", por lo que, agrega, "no sabemos a qué se adhiere el Ayuntamiento" y cree que "la legitimación para presentar recurso contra la decisión corresponde solo a la administración".
Por ello, critica que "lo que era un recurso de iniciativa de un despacho al que iba a adherirse el Ayuntamiento, ahora es un encargo que le hace el Ayuntamiento a un despacho, sin tener en cuenta otras posibilidades y obviando a la asesoría jurídica". Además, ha recordado que dicho despacho lleva la defensa de Arenal 2000 --empresa de Rafael Gómez-- sancionada con 24 millones de euros por las naves de Colecor.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Pablo Durán, ha lamentado que se haya enterado "esta mañana de que se le va a dar a un bufete la defensa de los intereses legítimos de la ciudad", algo por lo que afirma sentirse "dolido", puesto que, indica, "desde el primer momento insté al alcalde, José Antonio Nieto (PP), a que los servicios jurídicos del Ayuntamiento iniciasen todas las acciones oportunas".
Y es que, según él, "el alcalde debe ponerse al frente de la defensa de los intereses y no me parece que sea la mejor manera que sea un bufete por decreto y no presenten el recurso los servicios jurídicos". También ha animado a que "se siga investigando policialmente para que se descubra el origen del anónimo que recibió el regidor y así la defensa de los intereses surja mejor efecto".
COPA DAVIS
El Pleno Ordinario también ha tratado una declaración institucional conjunta por todos los grupos para apoyar la solicitud de Córdoba como ciudad candidata a ser sede de la semifinal de la Copa Davis los días 16, 17 y 18 de septiembre de este año.
En un principio, el PP había presentado a tal efecto una moción, si bien se ha cambiado por una declaración institucional de los cuatro grupos. Al respecto, el portavoz del PSOE ha criticado en el previo Pleno que se haya "enterado por la prensa" de la presentación de la candidatura de Córdoba.
