El Banco de España (BdE) admitió en el 2009 que la situación crítica de Cajasur se gestó entre los ejercicios del 2002 y el 2005, con un "cambio de perfil" hacia "operaciones especulativas del sector inmobiliario de elevados riesgos e importes que generaron una importante concentración de riesgos", pero este argumento figura en un documento "confidencial" y no pueden aportarlo en su defensa los exconsejeros expedientados tras la intervención de Cajasur en mayo del 2010, que gestionaron la extinta caja partir de julio del 2005.
El periodo 2002-2005 corresponde a los años en los que Cajasur dejó de estar bajo la tutela de la Junta de Andalucía tras el cambio legislativo auspiciado por el Gobierno de José M Aznar (PP), y también al final de la presidencia de Miguel Castillejo. Cajasur volvió en el 2005 a la tutela del Gobierno andaluz, aunque siguió presidida por la entidad fundadora, el Cabildo, primero por Juan Moreno y luego por Santiago Gómez Sierra, ambos expedientados con otros 36 exconsejeros y exdirectivos.
El grupo de expedientados abarca los cinco últimos años (lo demás ha prescrito), desde julio del 2005 (no alcanza a Castillejo por unos días), y las multas suman 2,4 millones de euros, de los que el seguro solo cubre 1,6 millones, 1 para los consejeros y 600.000 euros para los directores generales. Los recursos contra esas multas se están resolviendo en la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, y las sentencias conocidas --al exvicepresidente y canónigo Fernando Cruz-Conde, al consejero Miguel Contreras y al exdirector general José Ruiz-- mantienen las sanciones.
RECELOS DEL CABILDO // En el documento, el BdE destacaba entre otras "carencias de gestión", que "la singularidad de la caja provoca que una parte muy significativa de los miembros del consejo de administración sean patronos del Cabildo Catedralicio de Córdoba, con muy poca preparación en asuntos financieros". "Este hecho", añadía, "y el recelo que han venido mostrando a cualquier cambio sugerido desde los organismos supervisores, condiciona sustantivamente la gestión de la caja". Estas son algunas apreciaciones que hace la Dirección General de Supervisión del BdE en un informe del 28 de julio del 2009, fecha en la que el Supervisor aprobó el plan de actuaciones acordado entre Unicaja y Cajasur para su fusión. El documento se adjunta al acta de la reunión del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), celebrada al día siguiente y presidida por el entonces subgobernador del BdE, Javier Aríztegui, en la que quedaron aprobadas las ayudas de 990 millones para la fusión Unicaja-Cajasur y en la que se repiten estos argumentos.
El escrito se ha querido aportar como prueba de la defensa de 12 consejeros institucionales sancionados, entre los que figuran los que el 21 de mayo del 2010 votaron a favor de la fusión con Unicaja, rechazada por el voto de los 6 patronos del Cabildo, del consejero de personal y de 4 impositores. Entre estos 12 sancionados figuran dos de los exvicepresidentes de Cajasur, Salvador Blanco (PSOE) y Juan Ojeda (PP). El Banco de España se opuso a la presentación del acta, alegando su "carácter confidencial", que el FGD no es parte en el proceso y que no se había justificado suficientemente la necesidad de hacer una excepción y desvelar el contenido de la reunión de la comisión gestora del FGD, cuyos miembros están obligados a guardar secreto.
Un auto de la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional decidió el pasado 5 de abril que "no solo el interés de la parte actora es digno de protección", y atendiendo a los argumentos de las letradas del BdE y del Estado (que aporta jurisprudencia del Supremo), rechazó esta prueba y que su ausencia generara indefensión en los recurrentes, así que no será tenida en cuenta por la sala cuando examine el caso dentro de unos días y dicte sentencia.
TAMBIÉN LA CRISIS // El interés de la defensa de estos exconsejeros se centra en el que el Banco de España admite en el acta no solo que la crisis de Cajasur se originó mucho antes de que ellos llegaran a la caja, con el "cambio de perfil" entre 2002 y 2005 (detectado en la inspección del 2004, momento desde el cual se instó a la caja a corregirse), sino que también atribuye la situación "a la actual crisis económica, y especialmente la del mercado inmobiliario". Además, el BdE señala que la situación de Cajasur "siendo delicada, no es terminal en cuanto a liquidez", lo que refuerza los argumentos de que si se hubiera producido la fusión con Unicaja no se hubiera producido la situación de insolvencia que forzó la intervención en mayo del 2010.
En el acta también se recogen duras críticas hacia los gestores posteriores al 2005, no solo al "recelo" de los patronos, sino la "endeblez" del plan de negocio del 2008, que la caja no se dotase de un equipo directivo capaz y estable y que no se racionalizara la política de personal.
