El consejo rector de la Gerencia de Urbanismo ha tomado hoy conocimiento del borrador de ordenanza de conservación, rehabilitación, evaluación y estado ruinoso de las edificaciones que pretende aplicar para sustituir a la vigente de revisión de edificios, que no termina de dar frutos desde el 2009. El documento incluye novedades como ampliar los plazos vigentes en todos los casos, que en el de los inmuebles de más de 50 años se van al 2022. Además, deja fuera de la obligación de pasar la revisión para chequear el estado de conservación, accesibilidad y eficiencia energética a viviendas unifamiliares, a menos que pidan ayudas o estén incluidas en programas especiales municipales.
El documento distingue cuatro ámbitos para aplicar la evaluación de edificios. Por un lado, están los bienes de interés cultural y sus entornos. En segundo lugar, los bloques que tengan más de cincuenta años desde junio del 2013. En tercer lugar, las edificaciones para las que se soliciten subvenciones municipales. Por último, los inmuebles incluidos en programas de actuación municipal.
En función de esa división, varían las fechas de presentación de la revisión. Así, los edificios BIC y los bloques de viviendas que tengan más de cien años en diciembre del 2018 tendrán hasta diciembre del 2019 para pasar la revisión. Después, los bloques con más de una vivienda que el 31 de diciembre del 2019 cuenten con una antigüedad de entre 75 y 100 años, la fecha límite será el 31 de diciembre del 2020. En cuanto a los bloques que el 31 de diciembre del 2020 tengan entre 50 y 75 años podrán someterse al chequeo hasta diciembre del 2021. Por último, los bloques con más de medio siglo en diciembre del 2021 dispondrán hasta el 31 de diciembre del 2022. Al margen de estos plazos, los edificios que pidan subvenciones deberán presentar el informe y, en el caso de los que estén en programas municipales, será el Ayuntamiento el que fije los plazos en función de su ubicación, antigüedad, tipología y uso.
Otra novedad es que los edificios que hayan sido objeto de una reforma o rehabilitación integral no estarán obligados a presentar el informe de evaluación de edificios hasta que no hayan pasado 50 años de la obra. Además, cuando haya órdenes de ejecución, el plazo de presentación del informe será solo de tres meses. Quedan excluidos de la obligación de la revisión los inmuebles declarados en ruina o en proceso de esa declaración.
Para facilitar la inspección, y según consta en el borrador de la nueva ordenanza, que aún tiene que ser aprobada, Urbanismo hará un censo de edificios que será renovado anualmente. Además, el Ayuntamiento podrá publicar anualmente la relación de edificios obligados al chequeo.
La ordenanza, al igual que la vigente, se aplicará en toda la ciudad e incluye juntas de compensación y entidades de conservación, ya que no solo afecta a edificaciones sino que abarca también terrenos. También extiende la intervención a otras delegaciones en función de sus competencias, como Sadeco, SEIS, Policía Local, Servicios Sociales y Vimcorsa, y no solo a Urbanismo.
El documento indica que el deber de conservación afecta a las redes de servicios, a los elementos estructurales, a las instalaciones y las fachadas, mientras que en el caso de los solares, han de tener cerramiento permanente con una altura de 2 a 3 metros y protección de pozos o desniveles, así como estar limpios.
La ordenanza contempla que el Ayuntamiento dicte órdenes de ejecución por razones de conservación, aunque también por motivos turísticos, culturales y ambientales, así como sobre elementos protegidos. En caso de incumplimiento de estas órdenes, el Ayuntamiento podrá actuar por ejecución subsidiaria cargando los gastos al incumplidor, sancionar e, incluso, expropiar.
A partir de ahora Urbanismo pretende trabajar con el Consejo del Movimiento Ciudadano y en otros ámbitos para cerrar la ordenanza, que quiere llevar al consejo rector a mitad de junio. El documento deberá ser aprobado después por el Pleno. Mientras eso ocurre, todos los inmuebles obligados a pasar la revisión antes de junio, tendrán hasta el 31 de diciembre del 2018.
