El juicio con jurado contra el exgerente de Mantenimiento de Adif en Córdoba, Enrique Finch, por los presuntos delitos de cohecho y falsedad en documento público ha quedado esta mañana pendiente de los informes de los abogados de las partes, que se leerán mañana. Hoy, cada una de ellas ha aportado sus peritos para intentar demostrar técnicamente sus argumentos.
Los primeros en intervenir han sido los aportados por la acusación, representada por Francisco Muñoz Usano, quien ha recurrido a un informático, que ha indicado que la carta en la que se pedían unos avales a la empresa denunciante se había introducido en el registro telemático de salida de correspondencia con fecha anterior a su redacción original. Con ese documento, el denunciado, según la fiscal, pretendía justificar el desembolso pedido al empresario para desbloquear la paralización de la obra. Por este motivo se le acusa del delito de falsedad documental.
Posteriormente han intervenido un arquitecto y un aparejador, también llevados por la acusación, para aportar sus informes en los que por un lado se recoge la enormes trabas que se han encontrado para culminar toda la documentación exigida para lograr la autorización de la obra, hasta el punto de que el arquitecto desistió de seguir elaborando documentación, mientras que el aparejador hizo una valoración de la perdida económica que ha supuesto para el constructor la demora sufrida en la culminación de la obra, al no poder vender las parcelas. Esta cifra ha sido estimada en 2,8 millones de euros.
Por su parte, Javier Pulido, abogado de Adif, ha requerido el informe pericial de un arquitecto técnico y un ingeniero industrial que han expuesto las carencias que presentaba la documentación presentada por la empresa constructora parta poder recibir la autorización de los trabajos. Además consideran que la cifra aportada por el perito de la parte contraria no se corresponde con la realidad, pero no señalaron a cuánto podría ascender.
Los abogados leerán mañana sus conclusiones.
